Ahora que la Corte Constitucional está revisando el proyecto, Dejusticia argumenta por qué algunas de sus normas deben ser moduladas o excluidas. Acceso del tribunal a información de terceros y juzgamiento de delitos sexuales, son algunos de los temas.

Los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado podrían verse afectados si los responsables de estos delitos reciben las penas del código penal ordinario y no las que estableció el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Este jueves 1 de marzo lanzamos el informe "Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”. Entrada libre con inscripción previa.

Uno de los retos que enfrenta la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en la implementación del Acuerdo de Paz, es abordar de la mejor manera posible el rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos.

Este documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural.

Más de 100 organizaciones, ciudadanos y académicos firmaron un documento dirigido a la opinión pública, al Presidente del Senado y al Presidente de la República, donde explican las razones por las cuales el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales de paz quedó aprobado en el Senado.

Frente a las impresiones, malas interpretaciones y verdades a medias que están circulando, consideramos necesario aclarar qué fue lo que realmente pactaron el Gobierno y la exguerrilla de las Farc- Ep, y cómo se están implementado esos compromisos.

Académicos y organizaciones sociales, entre ellas Dejusticia, analizaron la convenicencia política y la justificación constitucional del proyecto que se está discutiendo en el Congreso.

En el Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a renunciar a las acciones y sanciones penales contra pequeños agricultores y personas en situación de pobreza, vinculadas a cultivos de uso ilícito. A la fecha no se ha tramitado ninguna ley con ese fin. Aquí, nuestras propuestas.