Dejusticia defendió el Decreto que le permite a la Corte Constitucional suspender los procesos ordinarios para concentrarse en las normas que implementan el Acuerdo de Paz, pero recalcó que esa interrupción no puede ser indefinida.

Dejusticia defendió la constitucionalidad del Acto Legislativo que le da seguridad jurídica al Acuerdo Final, y resaltó que sus contenidos responden a derechos fundamentales y normas de derecho internacional humanitario.

¿Cuál es la naturaleza, el alcance y el tipo de control que debe ejercer la Corte Constitucional sobre los Actos Legislativos expedidos para implementar el Acuerdo Final de Paz? Intervención de Rodrigo Uprimny ante la Alta Corte.

En una intervención Dejusticia sostiene que la norma que crea esta unidad, cumple con los requisitos formales y materiales para ser declarada constitucional. Además pide aclarar que toda información relacionada con violación de derechos humanos no puede tener el carácter de reservada.

Una investigación dirigida por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con la participación de Dejusticia, compara los procesos de justicia que emprendieron varios países después del conflicto. Incluyendo al caso colombiano.

"La paz, responsabilidad de todos. La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia" analiza la experiencia ocho países que han investigado crímenes cometidos por empresarios en el marco de conflictos y sus lecciones para el posconflicto colombiano

Procedimientos para implementar el Acuerdo son indispensables en la medida en que apuntan a asegurar la implementación rápida, integral y fidedigna del Acuerdo, y se ajustan a los elementos nuclares de la Constitución de 1991.

Un informe de Dejusticia y PAX Holanda examina la experiencia de ocho países que han investigado el papel de los empresarios en conflictos armados o dictaduras, y hace un corte de cuentas sobre el tema en Colombia.

Planteamos algunas recomendaciones encaminadas a asegurar la adecuada implementación del punto 4 del Acuerdo Final: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, especialmente en relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).