Devolver las tecnologías al debate público, con transparencia y sin miedo, es un imperativo. De no hacerlo, se escaparán de la órbita de los debates democráticos.

A la situación de emergencia desatada por la covid-19, la incertidumbre sobre el futuro y los impactos negativos que ya padecemos no puede añadirse el deterioro de las garantías de los derechos fundamentales.

Hoy, gracias a esas encuestas del DANE, la situación del campesinado ha sido contada. Ahora el desafío es que los campesinos de verdad cuenten para el Estado y la sociedad colombiana.

Si este país tiene algún futuro promisorio, o simplemente un futuro, eso depende de que los gobiernos dejen por fin, después de dos siglos de vida republicana y con constituciones que han proclamado la igualdad de oportunidades a los cuatro vientos, de considerar a los montañeros como ciudadanos de segunda categoría.

Desde los Montes de María, un líder le preguntará al Ministerio del Interior qué medidas ha tomado para proteger el proyecto de vida campesino. Las respuestas deberían importarle a todo el país.

Todos tenemos un deber solidario de evitar la extensión del contagio del coronavirus. Por eso, quienes lideran la “rebelión de las canas” han aclarado que no se oponen a las medidas generales de aislamiento social, sino al trato paternalista y discriminatorio que han sufrido.

La política exterior del gobierno Duque ha sido una colcha de retazos, sin objetivos claros, sin visión estratégica, y manejada con muy escaso profesionalismo. Hay una constante: el interés decidido del Gobierno de Duque por debilitar la supervisión internacional de derechos humanos.

El Consejo de Estado ha decidido esta semana que no es posible, como pretendía el Gobierno, decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas. Es una buena decisión, pero me temo que este es un tema que seguirá dando mucha lidia y aquí explico por qué.

Otra vez, en un momento crucial para el país, la base para tomar decisiones fue un comunicado de prensa de la Corte Constitucional, no una sentencia.