La ausencia de esta información evidencia que la migración forzada de los pueblos indígenas está siendo invisibilizada por la institucionalidad colombiana, en particular por las autoridades migratorias. 

Cuatro meses después, y sabiendo que esta emergencia sanitaria va para largo, no podemos seguir en ese limbo normativo: requerimos un marco jurídico que permita combatir eficazmente la pandemia, pero preservando la legalidad y nuestras libertades.

En el mundo actual de redes sociales y de hiperinformación, los niños que no aprenden a dudar —empezando por dudar de ellos mismos—, a pensar las cosas dos veces y a analizar son los más vulnerables y, viendo como van las cosas hoy en día, me temo que son la gran mayoría.

Parece más necesaria que nunca la idea de un suelo de dignidad que cobije al menos a las mujeres más vulnerables y que responda a sus necesidades más inmediatas.

El Alcalde propicia una dinámica distractora que juega en contra de la eficiencia y la capacidad de gestión que esperan los cartageneros.

Las soluciones propuestas y establecidas por el gobierno colombiano no parecen haber tenido en cuenta las diferencias culturales, sociales y económicas que existen en las regiones del país, y mucho menos el impacto en las comunidades que causaría implementar una medida homogénea de educación digital.

El gobierno Duque debería reconocer que su exigencia a Cuba de que extradite a los negociadores del Eln no solo viola compromisos internacionales de Colombia, sino que es políticamente inconveniente.

La implementación del pico y cédula hace evidente un problema de fondo: la situación de las personas indocumentadas.

Quién iba a pensar que la crisis del capitalismo salvaje, que los republicanos han promovido como una cruzada desde hace cuatro décadas, no iba a venir tanto de la manera injusta como fomenta la desigualdad, sino de la manera absurda como fomenta la torpeza.