La ley del machete sobre el papel sellado no encaja en el régimen agrario actual y hasta contradice la Constitución. En su lugar, necesitamos un catastro actualizado e instituciones capaces de controlar los baldíos y asegurar que son entregados a su legítimo destinatario: el campesinado.

La paz no solo es la ausencia de conflicto armado, sino también el trabajo activo por construir una sociedad más justa. A esto es a lo que se refiere el concepto de “paz justa”, y en el propósito de alcanzar dicha paz, los medios tienen un papel muy importante.

El Proyecto de Ley Estatutaria contiene regulaciones muy importantes para el funcionamiento de la JEP, como los criterios con los cuales esta jurisdicción definirá en qué casos concentra su actuación, las reglas para la ejecución de las sanciones de restricción de la libertad y muchos aspectos más.

Una sentencia de la Corte Constitucional pone en peligro la empresa de los indígenas nasa que comercializa productos a base de hoja de coca. Ahora que el conflicto se acrecienta en algunos territorios y las comunidades buscan escapar a las economías ilegales, el fallo no sienta un buen precedente. Aquí explicamos la historia.

Si el Gobierno colombiano quiere ser coherente con su postura sobre la grave situación de Venezuela, debe reconocer como refugiados a las personas provenientes de ese país y garantizarles una vida digna.

Pase lo que pase en Venezuela, América Latina y Colombia en particular deben intensificar sus esfuerzos por acoger dignamente a los refugiados y a los migrantes venezolanos.

Comprender las razones por las cuales ciertas mujeres de ciertos sectores terminan ejerciendo ciertos trabajos abre la puerta a una postura crítica frente al hecho de que la mayoría de trabajadoras domésticas sean migrantes en situación de precariedad.

Me temo (y espero estar equivocada) que transitamos a un ritmo acelerado de una paz minimalista a una paz caliente. En el contexto de la desmovilización de la guerrilla y la oferta de justicia transicional, los territorios enfrentan el aumento escalonado de la violencia ante la ineptitud, y hasta falta de voluntad, del Estado.

No es válida la tesis de que el protocolo ampara el terrorismo, pues impediría sancionar a los responsables del atentado en la Escuela General Santander puesto que, cumplido el protocolo, el Estado no solo puede, sino que debe, sancionar a los responsables de ese atroz crimen.