El nuevo libro de Dejusticia Un Camino Truncado: Derechos Sexuales y Reproductivos en Montes de María lleva la mirada a una de las zonas más afectadas por el conflicto armado con el objetivo de comprender, a partir de los relatos de las montemarianas, cuál es la vigencia y la garantía de estos derechos.

La flexibilidad en los tiempos impide que tengamos que convivir con la inseguridad jurídica de contar con un fiscal que esté en condiciones de favorecer a sus antiguos asesorados en el caso de corrupción más grande de la región y del siglo.

La legislación y la jurisprudencia de otros países muestran esfuerzos considerables para aprovechar el potencial que tiene la divulgación de los intereses privados de funcionarios públicos como una herramienta anti-corrupción. En contraste, Colombia está aún en mora de adoptar estas reformas y pronunciamientos judiciales.

Es un deber ciudadano exigir que la cabeza de la Fiscalía sea modelo de moralidad pública y ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.

El gobierno lanzó en diciembre una política de drogas que enuncia “futuro”, pero en realidad solo anuncia la insistencia de viejas y fallidas estrategias.

Hoy en día nos parece natural tener y viajar con pasaportes y visas, pero hace menos de un siglo las fronteras sólo separaban a los países en los mapas.

Está claro que no se trata de ilícitos individuales, aislados o esporádicos, sino que hay múltiples procesos de infiltración, captura y cooptación de diversas instituciones públicas y privadas, con estructuras tanto criminales como legales.

La reforma del Gobierno agravó el problema de las exenciones fiscales pues creó nuevas exenciones, sin justificaciones claras, que pueden costar unos $9 billones, con lo cual tenemos ahora un sistema tributario aún más inequitativo e ineficiente que el que existía antes.

Estos son los cálculos estadísticos realizados por Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group. Más que números, este es un llamado a detener estos homicidios.