Si la política de la posverdad es una amenaza a la democracia, como lo sostuve en mi última columna, surge una posible pregunta: ¿será que la solución está en que los jueces anulen los triunfos electorales fundados en falsedades?

Se acaban de publicar dos informes de inteligencia que enredan a Donald Trump con los rusos: la hackeada rusa contra Hillary Clinton y el espionaje contra Trump desde el Kremlin. Los dos informes son de distinto origen y diferente credibilidad, pero, una vez más, reflejan los nubarrones negros que amenazan el barrio.

Días después del voto del Brexit, el economista Kenneth Rogoff se vino lanza en ristre contra referendos y plebiscitos como el británico sobre la Unión Europea, o el colombiano sobre el acuerdo de paz.

Una Rama Judicial independiente es fundamental para la construcción de un país en paz, sobre todo en este ambiente tan polarizado. Por eso, las decisiones judiciales en materia de paz deben ser jurídicamente sólidas y no deben filtrarse sin ser adoptadas.

He aprendido que en algún momento, la perspectiva de derechos humanos no es suficiente para impulsar el derecho a la información pública. En su lugar, ha llegado el momento de colaborar más estrechamente con actores orientados a la tecnología, como el Movimiento de Datos de Gobierno Abierto.

Los diccionarios Oxford escogieron “posverdad” como la palabra de 2016, para enfatizar que los hechos objetivos y la verdad se habían vuelto menos importantes en la discusión política y en las elecciones que los llamados a las emociones y a las creencias personales.

El viernes 30 de diciembre del año que terminó el Gobierno promulgó la Ley 1820 de 2016, o Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales. Esta ley fue tramitada como el primer proyecto que hizo uso de la reforma constitucional conocida como fast track para proyectos relacionados con la implementación del proceso de paz.

Supongamos que estamos en el año 2025 y ya se pueden escanear los cerebros para saber si, por ejemplo, sus dueños han sido entrenados por ISIS.