La sentencia de la Corte sobre fast track era no sólo muy difícil; era un “caso trágico”, en el sentido del profesor Manuel Atienza, que son aquellos en donde no hay buena solución jurídica pues cualquier decisión sacrifica un valor importante.

La decisión de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz es a la vez reconfortante y preocupante.

Se acaba 2016 y no encuentro un mejor título para encapsularlo que el de una columna de Martín Caparrós: “el año en que chocamos con nosotros mismos”.

No creo, como afirman algunas feministas, que el género o el patriarcado son necesariamente las principales estructuras definidoras de la sociedad. Y todavía no creo que haya un lugar especial en el infierno para las mujeres que no votan por la candidata, incluso la histórica. Pero he llegado a creer que en este momento, ignoramos las cuestiones de género a nuestro propio riesgo. 

La Corte Constitucional deberá tomar la semana entrante una decisión crucial: si la refrendación por el Congreso del nuevo acuerdo de paz es o no suficiente para activar el llamado fast track.

No deberíamos los consumidores saber cuántos cientos de litros de agua se utilizan en toda la cadena de producción de un litro de gaseosa?

Esta semana nos dio una cruda muestra de la violencia que nos habita. Las Farc, el enemigo social número uno, no mataron, secuestraron o se tomaron ningún pueblo en los últimos días. Estaban haciendo un mannequin challenge.

El atroz asesinato de la niña indígena Yuliana Samboní, probablemente cometido por Rafael Uribe, un miembro de la élite bogotana, provoca dolor, indignación y rabia. Es entonces saludable que haya habido una reacción espontánea de la ciudadanía para exigir castigo. Y es comprensible que algunos pidan penas extremas, como la cadena perpetua, para esas atrocidades.

México se estremeció por el reciente asesinato del juez Vicente Bermúdez, ocurrido en el espacio público, a plena luz del día. Bermúdez fue conocido por adoptar decisiones judiciales en casos contra el crimen organizado, como los relacionados con Joaquín Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desafortunadamente, no es el único caso de un juez asesinado en México, ni este es el único país de la región donde ha ocurrido algo así.