El 30 de enero del 2013, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentamos una acción electoral de nulidad contra la segunda elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación.

El tema que más debate e interés ha generado es aquél de la relación entre el componente de justicia y rendición de cuentas del acuerdo de paz y las obligaciones estatales en materia de derecho penal internacional. 

Dos eventos importantes que están teniendo lugar por estos días son buen ejemplo de la transparencia con que se han llevado a cabo las negociaciones del proceso de paz: la entrega de los menores de edad reclutados y la apertura a la prensa de la X Conferencia de las Farc.

El exprocurador Alejandro Ordóñez no salió de su puesto por razones políticas o relacionadas con el acuerdo de paz.

Es bueno insistir en que aunque los juicios se denominen “políticos” y se realicen contra políticos, deben ofrecer garantías de debido proceso.

Quienes estamos por el Sí en el plebiscito del acuerdo de paz deberíamos escuchar atentamente a quienes van a votar No para así iniciar un diálogo entre nosotros durante esta campaña que pueda crear beneficios que van más allá del 2 de octubre.

En la vereda de Turbo, Antioquia varios campesinos son víctimas de ataques por parte de personas armadas no identificadas plenamente, generando desplazaminetos.

Cuando el debate entraba al interrogante de fondo -¿queremos un acuerdo razonable o una guerra irracional?- giró de nuevo hacia las formas jurídicas, hacia la pregunta sobre la pregunta del plebiscito.

Una crítica recurrente de los opositores al acuerdo de paz es que se trataría de una paz con impunidad, pues no habría cárcel para todos los responsables de crímenes atroces, como secuestro, desaparición, asesinato, masacres o violaciones, conocidos técnicamente como crímenes internacionales.