Nadie se come el cuento que las FARC son una organización que trabaja con los bolsillos vacíos y que los SIC no tengan pistas sobre los recursos de esa guerrilla.

Muchos de quienes invitan a votar “No” en el plebiscito afirman que no están en contra de la paz negociada, pero que el acuerdo les parece inaceptable por la impunidad que consagra, debido a que no exige cárcel para todos los responsables de crímenes internacionales, como masacres, secuestros, desapariciones, reclutamiento de niños o violencia sexual.

Algunos consideraron inconsistente que María Isabel Rueda, quien ha expresado críticas severas al proceso de paz, haya decidido votar afirmativamente el plebiscito.

Las teorías de la conspiración aciertan menos veces de lo que se piensa. Los fenómenos sociales suelen ser más complejos que las historias de estrategias furtivas y engaños colectivos que sugieren los teóricos del complot. Probar las conspiraciones que sí existen es un asunto difícil, de esos que miden las fuerzas de periodistas o investigadores memorables.

La senadora Viviane Morales y el señor Carlos Alonso Lucio, líder del Comité de Promotores del referendo, siguen en su empeño de establecer constitucionalmente un modelo de familia excluyente que contradice tanto la Constitución como la realidad de las familias colombianas.

Es cierto que las exenciones del IVA en la canasta familiar no son lo ideal, pero es lo mejor que tenemos por el momento.

El acuerdo de paz es una oportunidad para enfrentar varios desafíos en el sistema de justicia. En esta columna me refiero a un desafío prioritario para toda la ciudadanía.

El 30 de enero del 2013, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentamos una acción electoral de nulidad contra la segunda elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación.