Cuando se dan, los gobiernos democráticos interesados en hacer reformas agrarias deben ser capaces de crear coaliciones que articulen la heterogeneidad de intereses propia de una sociedad democrática.

La mejor garantía a la independencia judicial es que sus decisiones estén sometidas a un intenso escrutinio público por cuanto la independencia no es un privilegio sino una garantía para que los jueces puedan decidir conforme a derecho, sin presiones indebidas de otros poderes públicos y privados.

El aburrimiento se ha convertido en una anomalía que exige remedio inmediato, así sea con una tontera de pasatiempo. Somos como los bebés que, al menor signo de hastío, reciben una pantalla de sus padres. Nada de extraño tiene que el número de pantallas y parlantes haya aumentado al ritmo que disminuye la conversación.

La sociedad civil venezolana ha resistido durante años, salió a las urnas, se organizó para recolectar las actas, contar los votos y está exigiendo en las calles, a pesar del miedo, que se respete el mandato popular. Esperemos que desde afuera los líderes mundiales y los importantes organismos de derechos humanos no la dejen sola.

Pasaríamos así de la vieja Corte, que protegía a los más vulnerables y defendía el Estado social de derecho, a la época Lochner de la nueva Corte: un tribunal que sobreprotege las libertades económicas y la propiedad en desmedro de la garantía de los derechos sociales, con lo cual termina favoreciendo a los ricos y poderosos y minando los esfuerzos de justicia social.

Esta columna defiende el valor de la realidad sin adjetivos, lo cual es, a su turno, una adjetivación; por eso parece contradictoria. Pero no lo es, porque no milita por eliminar los adjetivos, o por suprimir la relativización del mundo (algo imposible e indeseable), sino por reducir su intensidad.

Necesitamos entonces, no sólo indicadores de impunidad, sino también de desempeño de la Fiscalía y de la justicia en general que sean transparentes, sólidos, creíbles y medidos periódicamente.

Inquieta que no haya una condena inequívoca a la represión y que haya desaparecido cualquier referencia a la necesidad de una verificación internacional independiente de las actas, pues, reitero, no puede confiarse ni en el CNE ni en el Tribunal Supremo, que son instituciones totalmente cooptadas por Maduro.

Los países ricos, responsables del 92% de las emisiones de CO² por encima de los límites planetarios, perpetúan un mito de sostenibilidad mientras los más pobres sufren desproporcionadamente las consecuencias del cambio climático. La desigualdad ambiental es innegable.