Hambre y sed: el Estado sigue en deuda con La Guajira

Este 8 de mayo de 2026 se cumplen nueve años de la Sentencia T-302 de 2017, en la que la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración masiva de derechos fundamentales de los niños y las niñas del pueblo Wayuu en la Media y Alta Guajira. Desde hace nueve años, Dejusticia ha hecho seguimiento  a las órdenes del alto tribunal para saber si se han cumplido y si han mejorado las condiciones de vida de las comunidades. En esta ocasión, nuestro propósito fue  verificar el cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos sobre la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del agua; la efectividad de los programas de atención alimentaria, y el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu. 

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Para la construcción del informe, visitamos La Guajira, entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025, y nos sentamos a conversar con lideresas, autoridades tradicionales, docentes, agentes educativas y familias. Además, analizamos información oficial solicitada a distintas entidades a través de derechos de petición y acciones de tutela. Nuestros hallazgos apuntan a que el cumplimiento de estos tres objetivos sigue siendo bajo y que, en muchos casos, lo que se reporta desde Bogotá no coincide con lo que se vive en el territorio. Además, encontramos barreras de acceso a información pública, especialmente en el nivel territorial, que dificultan evaluar con rigor el cumplimiento real de la sentencia. Nuestras observaciones fueron presentadas a la Corte Constitucional a través de un nuevo informe y a continuación compartimos algunas de ellas: 

Alimentación: un nuevo modelo que deja dudas

Uno de los principales cambios en los últimos años ha sido la transformación de la forma en que el Estado entrega alimentación a la niñez Wayuu. Antes existían las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), que eran espacios físicos en las comunidades a los que los niños y niñas asistían todos los días. Allí no solo recibían varias comidas diarias (desayuno, almuerzo y meriendas) sino quetambién encontraban acompañamiento pedagógico, jugaban, aprendían y construían rutinas.

Ese modelo fue reemplazado progresivamente por el Modelo de Atención Integral (MAI). La idea, en teoría, suena bien, pues se propone pasar de un esquema institucionalizado a uno más cercano a las familias y a la cultura Wayuu. En lugar de alimentar a los niños en un punto fijo, ahora se entregan paquetes de alimentos para que las familias los preparen en casa.

Aunque el MAI incorpora avances técnicos y normativos importantes, estos avances no siempre se traducen en una garantía continua y suficiente del derecho a la alimentación. El problema central es que en terreno vimos, por ejemplo, que los paquetes incluyen alimentos que no siempre son viables en esas condiciones áridas, como el pollo congelado que llega a comunidades sin electricidad o refrigeración. También encontramos que el agua incluida es mínima, dos pacas al mes por niño. Además, la distribución al interior de las familias de los alimentos no puede ser verificada, por lo que no es posible asegurar que los niños y las niñas sean priorizados en su consumo efectivo.

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Sin datos actualizados, el Estado sigue tomando decisiones a ciegas

Colombia no tiene datos recientes sobre la situación nutricional del país. La última Encuesta Nacional de Situación Nutricional completa es de 2015. Eso quiere decir que las decisiones sobre alimentación se están tomando con información de hace más de una década.

En un territorio como La Guajira, donde han cambiado las condiciones climáticas, económicas y sociales, esto es especialmente relevante. Significa que el Estado no tiene una radiografía clara de la magnitud del problema y, sin datos actualizados, es muy difícil saber si las políticas funcionan o no. Por eso, actualizar la ENSIN es clave para evaluar si las medidas adoptadas en el marco de la T-302 están produciendo resultados reales y verificables.

Agua: hay infraestructura, pero no funciona

El acceso al agua sigue siendo un problema. En los informes oficiales aparecen cifras de plantas instaladas, pozos rehabilitados, proyectos en ejecución y distintas intervenciones de política pública dirigidas a garantizar el agua. Pero estos esfuerzos no son suficientes y, la mayoría de las comunidades reportan fallas. 

Por ejemplo, encontramos plantas que dependen de energía solar y dejan de operar en temporadas de lluvias, cuando el cielo se llena de nubes o infraestructuras que se entregan, pero no tienen mantenimiento, por lo que se terminan dañando. También encontramos comunidades donde el agua que tienen disponible no es potable y aun así tienen que consumirla porque no tienen otra opción.

Por otra parte, quienes optan por comprar agua en los carrotanques se enfrentan igual a precios costosos y a un sistema que, en algunos casos, está atravesado por problemas de corrupción o uso político.

Los riesgos diferenciados para niñas y mujeres

La falta de agua no afecta a todas las personas por igual, ya que son las mujeres y las niñas quienes cargan con la tarea de conseguirla. Eso significa caminar durante horas, en condiciones difíciles, muchas veces solas o en trayectos aislados. La búsqueda del agua puede significar estar expuestas a un alto riesgo de sufrir violencias basadas en género. 

Escuchamos, por ejemplo, el testimonio de una mujer que fue víctima de violencia sexual cuando era niña, mientras estaba en un pozo de agua de su comunidad. También conocimos el caso de una joven a la que su mamá le prohibió salir a recoger agua por miedo a que le pasara lo mismo. Y una médica Wayuu nos confirmó que este tipo de relatos circulan, pero que casi no hay estudios ni datos que los documenten.

No son hechos aislados. Tienen que ver con un problema estructural asociado a los roles de género, que distribuye de manera desigual las cargas del acceso al agua. Esta situación se ve agravada por los efectos del cambio climático, que han provocado el secamiento progresivo de múltiples fuentes hídricas, obligando a recorrer distancias cada vez mayores y aumentando los riesgos.  Llamamos la atención a la Corte Constitucional para que tenga en cuenta esta dimensión, que hasta ahora no ha sido abordada por el Estado. 

Autoridades indígenas sin legitimidad

Otro hallazgo tiene que ver con el reconocimiento de autoridades. Hoy, el acceso a programas de alimentación, agua o salud depende, en muchos casos, de que una comunidad esté registrada por el Estado. El problema es que ese sistema no siempre refleja la organización real del pueblo Wayuu. En terreno encontramos lo que las comunidades llaman “autoridades de papel”, que son personas reconocidas formalmente, pero no en sus territorios y por la gente de su comunidad. La organización Wayuu es mucho más flexible, basada en clanes y autoridades con legitimidad territorial, no necesariamente en figuras administrativas.

Y esto supone obstáculos. Por ejemplo, para que una comunidad Wayuu pueda acceder a programas públicos, normalmente tiene que contar con una autoridad registrada ante el Ministerio del Interior. Es como una especie de “puerta de entrada” al Estado: si una comunidad no aparece en esos registros, o si su autoridad no está formalmente reconocida, tiene muchas más dificultades, o directamente no puede acceder a programas del ICBF.

El problema, entonces, no es la ausencia de autoridades indígenas, sino la brecha entre las formas propias de autoridad del pueblo Wayuu y los registros administrativos del Estado. Mientras esa brecha no se resuelva, el diálogo genuino ordenado por la Corte seguirá siendo limitado.

Frente a todo este panorama, desde Dejusticia le pedimos a la Corte Constitucional que haga un seguimiento más riguroso al funcionamiento real del Modelo de Atención Integral, para asegurar que la alimentación llegue de manera continua, suficiente y adecuada a los niños y niñas; que se exija información clara sobre la regularidad de las entregas, el acceso efectivo al agua y la recuperación de los espacios pedagógicos. También insistimos en la urgencia de reactivar la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, con datos actualizados y desagregados para La Guajira.

En materia de agua, solicitamos avanzar hacia un plan estructural con metas, cronogramas y garantías de sostenibilidad de la infraestructura, y no seguir dependiendo de soluciones provisionales. Además, llamamos la atención sobre la necesidad de incorporar de manera expresa un enfoque de género. Es clave que se investigue y se visibilice la relación entre la búsqueda de agua y los riesgos de violencia sexual contra niñas y mujeres Wayuu, y que se adopten medidas concretas de prevención y protección. Finalmente, reiteramos que sin resolver el problema del reconocimiento de autoridades legítimas no será posible garantizar derechos básicos, por lo que la Corte debe acelerar y vigilar el cumplimiento de las órdenes dirigidas a ajustar este sistema. 

Descarga el informe completo aquí.