¿Para qué una conferencia internacional sobre reforma agraria?

Las Conferencias Internacionales de Reforma Agraria, la de Porto Alegre de 2006 y la recientemente celebrada en Cartagena, de 2026, pueden parecer eventos muy ineficaces. Con ellas, varios gobiernos del sur global y sus aliados han buscado poner la reforma agraria de nuevo en el centro de la agenda internacional, pero no fueron pensadas para adoptar un nuevo tratado internacional o hacerle seguimiento a alguno que esté vigente, o crear una nueva institución encargada del tema, como sucede con la mayoría de cumbres globales. Así las cosas, ¿para qué sirven entonces estas conferencias agrarias? 

Muchos de los que participamos en la Conferencia de 2026 nos contentamos con una noción demasiado optimista según la cual, hagamos lo que hagamos, todo irá sumando fuerzas para lograr éxitos palpables en el futuro. Pero exactamente ¿a dónde queremos llegar? ¿y qué debemos hacer para hacerlo? Por mi parte creo que es bueno ponerle un nombre preciso a lo que buscamos. A continuación, les propongo pensar en dos. 

El perdido consenso global sobre reforma agraria

Déjenme antes hacer una aclaración: no es sorpresa que estos eventos tengan un alcance tan corto, bajo el estándar de otras cumbres internacionales, porque tienen al mundo en contra.

No es que las reformas agrarias sean una mala idea. Todo lo contrario. Buscan repartir equitativamente las tierras rurales y volcar el apoyo de las sociedades hacia quienes la trabajan directamente; lo que, como ha demostrado la evidencia comparada, ha profundizado la democracia y el desarrollo económico de las naciones modernas. Pero, esto implica quitarle poder a quienes han conseguido riquezas e influencia al adueñarse de grandes cantidades de tierras: capitalistas, terratenientes y grandes corporaciones alimentarias que no están dispuestos a ceder sus privilegios. 

Esto no impidió que la reforma fuera un consenso global a mediados del siglo XX. Comunistas y capitalistas (liderados por la URSS y Estados Unidos, respectivamente) pugnaban por su influencia, entre otras cosas, mostrando quién podía romper más fácil la resistencia de las élites rurales, mediante grandes repartos de tierras y ayudas para el desarrollo rural campesino alrededor del mundo, entre los 1950s y 1970s. Sin embargo, ese reformismo de guerra fría se rompió con el cambio de siglo. La cortina de hierro se cayó, y con ello la presión geopolítica para aislar a las élites rurales por miedo al comunismo. Al tiempo, las doctrinas neoliberales y el boom de industrias extractivas, incluyendo las agroindustriales, ha inclinado la balanza en favor de los terratenientes y capitalistas agrarios. 

En otras palabras, a pesar de que la reforma agraria es una muy buena idea incluso para el desarrollo económico, es difícil que se convoque al mundo entero para volverla a impulsar, como pasó hace medio siglo, pues no hay suficientes incentivos políticos globales en contra de las élites rurales y sus aliados. Y eso, sin tener en cuenta que los ojos del mundo están enfocados en otro lado: las guerras en Irán, Ucrania y Palestina, y los espasmos autoritarios de Trump. 

Producir derecho blando

Frente a este panorama adverso, aun así, creo que las Conferencias de Reforma Agraria valen la pena. Mi primera razón es que en este tipo de eventos podemos producir “derecho blando”. 

Así conocen los abogados a los documentos normativos que aún no son jurídicamente obligatorios, porque no han sido adoptados mediante los procedimientos que exige el derecho internacional para la adopción de tratados. Aunque no obligan a los Estados, históricamente han sido la base para construir futuros consensos en torno a normas del derecho internacional, o para inspirar nuevas normas a nivel nacional. Por eso me gusta llamarles “semillas”. Un ejemplo claro, y totalmente relacionado, es la Declaración Internacional de Derechos del Campesinado -UNDROP-, adoptada por las Naciones Unidas. No es un tratado internacional, pero propone un abanico de derechos para campesinos que ya ha sido utilizado como base para inspirar normas nacionales. Como pasó en Colombia, en donde el Congreso la usó como inspiración para modificar un artículo constitucional que fortalece los derechos campesinos. También ha inspirado casos activismo judicial: en Honduras, donde la Corte Suprema usó su artículo 19 para fundamentar algunos de sus argumentos y declarar inconstitucional una norma que prohibía el intercambio informal de semillas; y en Kenia, la Corte de Apelaciones está pendiente por decidir si se levanta la prohibición de introducir plantas genéticamente modificadas al país, tras una demanda de organizaciones campesinas que usaron la Declaración para interpretar las obligaciones constitucionales internas. 

Mi punto es que podemos seguir el mismo camino usando los pronunciamientos oficiales de las Conferencias de Reforma Agraria. Veamos solo un ejemplo para ilustrar mi punto, la Recomendación número 21 de la Declaración de Cartagena sobre reforma agraria:

fortalecer las capacidades de los jóvenes rurales para desarrollar sus proyectos de vida en las zonas rurales facilitando el acceso a la tierra y otros activos productivos a través de mecanismos inclusivos que no se limiten a la herencia, promoviendo el derecho a la educación y creando condiciones para el empleo rural tanto agrícola como no agrícola. 

Hoy en día no existe un tratado internacional que detalle qué derechos específicos tienen el campesinado jóven. Ni siquiera la UNDROP. Y, al menos para el caso de mi país, en Colombia tampoco tenemos decisiones constitucionales que vayan en ese sentido. Pero en esa declaración que salió de Cartagena, tenemos ya un párrafo, con elementos muy sugerentes. ¿No les parece que abre una ventana hacia el futuro?

Nuestra densidad política

Cuando he tenido esta conversación sobre la utilidad de la recién Conferencia de Cartagena, muchos de mis amigos que asistieron me han dicho que lo importante más allá de ese resultado era lo que pasaba “entre los pasillos”, o incluso mencionan la “mística” del encuentro. Se trata de un efecto virtuoso no planeado de este tipo de eventos, que es difícil nombrar, pero que a muchos nos hace sentir que vale la pena. 

Sandra Botero le puso un nombre, en sus estudios sobre activismo ante las Altas Cortes Judiciales: “densidad política”. Su idea es la siguiente: no basta con que salga una nueva ley o una nueva sentencia a nuestro favor, porque las normas no se mueven solas, se requiere un movimiento detrás que le haga seguimiento y presione a las instituciones para que la cumplan; y los grupos sociales que logran mantener mayores números de miembros, lazos más estrechos, una moral más alta, y un mecanismo de recambio para mantenerse en el tiempo, tienen una mejor capacidad para hacerlo. En otras palabras, entre más densidad, más capacidad de presión. 

El concepto nombra muy bien lo que mis amigos rescataron de su participación en Cartagena. Me decían que aprendieron nuevas maneras de hablar de la reforma agraria, que se alegraban de retomar amistades y redes que creían perdidas, que se maravillaban de ver estudiantes jóvenes de Cartagena curioseando entre los eventos de la Conferencia, o que sencillamente les ilusionaba saber que sus luchas seguían vigentes. Ahora bien, es difícil medir qué tanto logramos aumentar la densidad de nuestras redes, pero pueden encontrar algunos síntomas, en los “chismecitos de la ICARD+20”, que publicó el Centro de Alternativas al Desarrollo. 

Muchos se quejaron, eso sí, que el caos del evento y su foco en las declaraciones políticas torpedearon un poco ese “entre-pasillos” donde se trabaja la densidad política. También está la duda si en realidad vale la pena invertir tantos recursos en eventos de este tipo, si la densidad la podemos aumentar de otras maneras. Tal vez debamos tenerlo en cuenta para las Conferencias que siguen.