¿Quién usa la inteligencia artificial en la justicia colombiana?

En Colombia, el uso de inteligencia artificial por parte de servidores judiciales es un hecho. Las preguntas que surgen de allí no son solo una cuestión de cómo se aplica esta tecnología en la justicia, sino también de quiénes la usan, cómo la conciben y qué consecuencias tiene eso para los derechos fundamentales.

Para abordar estas inquietudes, en una combinación de revisión documental, entrevistas a diez servidores judiciales y seis expertos, y la elaboración de encuestas con más de 5.300 respuestas, llevamos a cabo una una compilación investigativa que examina los impactos de las tecnologías digitales en la justicia, la niñez, las víctimas del conflicto y la democracia desde una mirada situada en el Sur Global. Sobre estos resultados hablamos en el capítulo 2 del libro Digitalidad Justa: Aproximaciones desde los Derechos Humanos, que publicamos en abril de este año.

El sistema judicial colombiano ante una promesa seductora

Colombia enfrenta altos niveles de congestión judicial. Herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini (capaces de desarrollar en segundos tareas que antes tomaban horas) resultan muy atractivas para servidoras y servidores judiciales. Los usos van desde consultas jurídicas hasta la generación de borradores de autos y sentencias. Pero la tecnología también puede reproducir sesgos discriminatorios, inventar referencias jurídicas, operar como una caja negra que compromete la transparencia y, en los peores escenarios, reemplazar el razonamiento del juez en lugar de asistirlo.

Cuatro perfiles en la judicatura colombiana

No todos los servidores judiciales se relacionan de la misma manera con la inteligencia artificial. El capítulo identifica cuatro perfiles según tres variables: quién tiene acceso, quién la usa efectivamente y quién reconoce ese uso.

Entusiastas. Tienen acceso a la inteligencia artificial, la usan y son visibles al respecto. Suelen ser magistradas y magistrados con recursos para costear suscripciones y capacitaciones. Su mayor riesgo es el sesgo de automatización: confiar excesivamente en la tecnología y descuidar la revisión humana.

Silenciosos. Usan la inteligencia artificial, pero no lo revelan por miedo a sanciones, recálculo de cargas de trabajo o el estigma de ser vistos como “perezosos para pensar”. El uso cotidiano de la inteligencia artificial en la justicia “es una cosa callada, es como un secreto a voces”, describe un auxiliar judicial entrevistado. La opacidad impide identificar buenas y malas prácticas, puede vulnerar el derecho de defensa y bloquea el aprendizaje institucional.

Reticentes. No usan la inteligencia artificial o la usan muy poco. Mantienen vivo el debate sobre sus riesgos y encarnan una idea valiosa: la ciudadanía no busca en la justicia solo rapidez, sino también humanidad. Su resistencia, sin embargo, puede profundizar la congestión.

Excluidos digitales. No tienen acceso efectivo a la inteligencia artificial por falta de conectividad, equipos obsoletos o ausencia de formación. “En el juzgado todos comparten un mismo módem y eso se satura”, relata una jueza entrevistada. Su situación anticipa el riesgo de una justicia a dos velocidades: despachos que avanzan de la mano de la tecnología y despachos que se quedan atrás. 

Un marco regulatorio que aún no está a la altura

Colombia es pionera a nivel internacional en la regulación de la inteligencia artificial en la justicia, pero su marco normativo es escaso, ambiguo y fragmentado. La Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional establece que la inteligencia artificial no puede sustituir el razonamiento del juez, y el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura de ese mismo año avanza en esa dirección. Sin embargo, entre los dos instrumentos quedan tensiones no resueltas y vacíos que en la práctica dejan amplio margen para que cada servidor/a interprete algunas reglas a su manera.

¿Qué hace falta?

El capítulo cierra con cinco recomendaciones:

1.     Las estrategias de adopción tecnológica deben ser sensibles a las brechas territoriales y jerárquicas de la judicatura.
2.     El uso regulado y transparente de la inteligencia artificial puede mitigar  las desigualdades entre despachos y proteger garantías como el debido proceso.
3.     Cuando los servidores reconocen abiertamente que usan inteligencia artificial, las instituciones aprenden y los cambios ganan legitimidad ante la ciudadanía.
4.     El debate no puede reducirse a idealizar la tecnología ni a condenarla, sino a diseñar instituciones a la medida del contexto colombiano.
5.     Regular la inteligencia artificial en la justicia es también una decisión política que implica definir cuánto poder se les concede a las corporaciones tecnológicas y qué poblaciones podrán beneficiarse realmente.

El hecho de que una tecnología potencialmente dañina sea operada por personas capaces de pensar es una garantía para salvaguardar los derechos. Solo operándola bajo dirección y control humanos la inteligencia artificial podrá contribuir a una justicia más ágil sin dejar de ser humana, igualitaria y responsable.

Descarga aquí nuestra publicación Digitalidad Justa: Aproximaciones desde los Derechos Humanos.