Siete llamados de Dejusticia al nuevo Gobierno

¿Qué país queremos construir y qué derechos deben protegerse ante el cambio de gobierno?

La llegada de una nueva administración debe estar acompañada por garantías claras para los derechos fundamentales, fortalecer la democracia y reducir las desigualdades históricas que persisten en Colombia. Las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado permanecen, independientemente de quién ejerza el poder.

A partir del trabajo de nuestras líneas de Género, Justicia Étnico-Racial, Campesinado, Justicia Económica, Espacio Cívico, Justicia Ambiental y Estado de Derecho, Justicia y Democracia, construimos un análisis interseccional sobre las decisiones que consideramos prioritarias para el nuevo Gobierno. 

Aunque los llamados responden a realidades y poblaciones con contextos diferentes, todos plantean responsabilidades concretas para el Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, que deberá garantizar instituciones independientes, asignar presupuestos suficientes, asegurar una participación efectiva, incorporar enfoques territoriales y adoptar políticas públicas basadas en los derechos humanos.

Con este análisis proponemos una hoja de ruta para construir sobre lo construido, corregir las fallas existentes y avanzar hacia un país más justo, democrático, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.

Estado de derecho, justicia y democracia: cumplirle a la paz y proteger las instituciones

La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 es un compromiso del Estado con las víctimas, las comunidades más afectadas por la violencia y la ampliación de la democracia. Tras casi diez años, de acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), más del 80 % de las personas firmantes continúa comprometido con la reincorporación, mientras instituciones, organizaciones sociales, víctimas y comunidades rurales mantienen expectativas legítimas sobre el cumplimiento de lo acordado.

El nuevo Gobierno puede exigir mejores resultados sin desmontar la institucionalidad construida. Debe agilizar la reparación administrativa, garantizar la implementación eficaz de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, culminar la puesta en funcionamiento del Museo de la Memoria y hacer más eficiente la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Mejorar la implementación exige reconocer el acumulado institucional y las obligaciones asumidas frente a millones de personas.

Gobernar implica respetar la separación de poderes, la independencia judicial y los derechos de la oposición, la protesta, la participación y el control ciudadano. Las críticas y diferencias no pueden tratarse como amenazas ni convertirse en objeto de estigmatización. Se requiere, además, una relación transparente con el Congreso y órganos de control fuertes e independientes. Una democracia sólida no reduce el disenso: garantiza que pueda expresarse.

Espacio cívico: garantías para participar, organizarse y vigilar el poder

La Constitución de 1991 consolidó libertades y derechos que han permitido a las organizaciones de la sociedad civil defender los derechos humanos, combatir la corrupción, proteger el ambiente, acompañar a las comunidades y contribuir a la construcción de paz. Preservar este legado y cerrar las brechas que limitan la participación ciudadana es una obligación constitucional y un compromiso internacional del Estado.

El nuevo Gobierno debe proteger el espacio cívico mediante una política nacional de fortalecimiento de las organizaciones sociales, con enfoque territorial y capacidad para responder a las desigualdades regionales. Esto supone garantizar la seguridad física y jurídica de las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales; facilitar el acceso a recursos y a la cooperación nacional e internacional; y fortalecer los mecanismos de participación, diálogo y control ciudadano.

También debe garantizarse una infraestructura digital segura frente a los riesgos crecientes de vigilancia, hostigamiento y ataques cibernéticos. La fortaleza de un Gobierno no se mide por su capacidad para reducir el disenso, sino por las garantías que ofrece para que las personas y organizaciones participen libremente, ejerzan control ciudadano y contribuyan, desde la diferencia, a la vida pública. Estas son condiciones mínimas de una verdadera democracia.

Campesinado: un futuro para el campo

El nuevo Gobierno recibe un país en el que miles de familias campesinas accedieron a tierras entregadas por el Estado, muchas mediante adjudicaciones provisionales o contratos de comodato. Estas entregas no son concesiones que puedan revocarse discrecionalmente: protegen derechos a la tierra y al territorio reconocidos por el artículo 64 de la Constitución.

Ralentizar la titulación o revocar entregas sin debido proceso constituiría una contrarreforma agraria. La política de formalización debe convertir en títulos definitivos las entregas ya realizadas, mientras la política de seguridad rural debe prevenir el despojo violento y garantizar la permanencia de las familias beneficiarias. Formalizar la propiedad y proteger a sus titulares es la mínima prueba de coherencia del nuevo Gobierno.

Los derechos campesinos también requieren recursos. El trazador presupuestal ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2023 debe aplicarse en la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo debe concertarse con la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, conforme al Decreto 1004 de 2024, y los recursos deben crecer progresivamente. Según cifras publicadas por el DANE en junio de 2026, persisten brechas de hasta el 70 % en el acceso a algunos servicios públicos. Cualquier reducción injustificada sería una medida regresiva.

Justicia étnico-racial: un país sin racismo que proteja pueblos y territorios

El racismo estructural sigue impidiendo que personas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras estudien, trabajen y participen en igualdad de condiciones. Estas barreras profundizan las desigualdades regionales, debilitan la cohesión social y limitan la prosperidad. El nuevo Gobierno debe adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública para garantizar la igualdad y la no discriminación.

La defensa de la diversidad étnica es inseparable de la protección de la biodiversidad. Los pueblos y comunidades étnicas han cuidado durante siglos territorios estratégicos para Colombia y el planeta. Garantizar la consulta previa implica respetar su participación, mediante procesos de buena fe y diálogo intercultural, antes de adoptar medidas o desarrollar proyectos que puedan afectar su integridad cultural, social, económica o territorial. No es un trámite, sino un derecho fundamental reconocido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Género: cuidado, autonomía y vidas libres de discriminación

El nuevo Gobierno debe convertir el cuidado en una prioridad de Estado. Las mujeres, especialmente las rurales, migrantes y empobrecidas, siguen asumiendo de manera desproporcionada los trabajos de cuidado no remunerados, lo que limita su acceso al empleo, la educación, el descanso y la autonomía económica. Tras su reconocimiento como derecho fundamental y como derecho humano autónomo, es necesario garantizar recursos, metas e indicadores para implementar la Política Nacional de Cuidado, establecida en el CONPES 4143 de 2025.

La Reforma Rural Integral también debe consolidarse con enfoque de género. La adjudicación y formalización de tierras para las mujeres rurales solo será efectiva si se acompaña de seguridad, permanencia digna y autonomía económica. El Estado debe prevenir el despojo y las violencias que afectan de forma diferenciada a las mujeres y personas LGBTIQ+ en el campo, y articular la política de tierras con crédito, asistencia técnica, infraestructura, comercialización y cuidado.

Las políticas dirigidas a la población afrodescendiente deben incorporar enfoques étnico-racial, de género e interseccional, con información desagregada, presupuestos específicos, rendición de cuentas y participación efectiva. Asimismo, el Gobierno debe implementar el CONPES 4147 de 2025 sobre los derechos de la población LGBTIQ+, asignando recursos y estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento para prevenir las violencias por prejuicio, transformar prácticas discriminatorias y ampliar el acceso efectivo a derechos.

Justicia económica: salud, alimentación y la vida en el centro

El nuevo Gobierno debe poner el bienestar social y la reducción de las desigualdades en el centro de sus decisiones. En salud, la prioridad es enfrentar el desabastecimiento de medicamentos mediante soluciones a los problemas de liquidez, coordinación y suministro, con especial atención a pacientes críticos. También debe fortalecer el Invima, reducir la dependencia de las importaciones y promover la producción nacional.

La prevención exige mantener los impuestos saludables y el etiquetado frontal de advertencia, medidas respaldadas por evidencia científica, así como regular la publicidad digital de productos que afectan la salud. En alimentación, es urgente publicar la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, cuyos últimos datos corresponden a 2015, garantizar personal idóneo y libre de conflictos de interés en entidades como el ICBF y acelerar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 para proteger a la niñez Wayuu.

La seguridad vial debe asumirse como un asunto de salud pública e igualdad: solo en 2025, más de 8.000 personas murieron en las vías. Reducir las muertes y lesiones exige gestionar la velocidad, construir infraestructura segura, fortalecer el transporte público y elevar los estándares de vehículos y cascos. Finalmente, la inversión privada debe estar subordinada al interés general. Se requieren instituciones fuertes, transparencia, debida diligencia empresarial y límites a la interferencia corporativa, además de mantener la implementación del Decreto 552 de 2026 sobre empresas y derechos humanos.

Justicia ambiental: la crisis ambiental requiere instituciones fuertes

La protección del ambiente y la solidez de la democracia están estrechamente relacionadas. El nuevo Gobierno debe fortalecer la institucionalidad ambiental para que las decisiones sobre los territorios se adopten con transparencia, participación y sujeción a la Constitución y la ley. La política ambiental debe tener continuidad más allá de los gobiernos de turno.

La protección de la Amazonía debe entenderse como una cuestión de seguridad hídrica y alimentaria. Cualquier estrategia de seguridad o presencia estatal debe construirse con las comunidades, reconociendo sus derechos y su conocimiento territorial. El Gobierno también debe cumplir el Acuerdo de Escazú y garantizar el acceso a la información, la participación, la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el ambiente.

Colombia necesita una transición energética con visión de largo plazo y enfoque de derechos humanos. El avance hacia fuentes renovables debe realizarse con participación comunitaria, distribución justa de beneficios y respeto por las poblaciones afectadas. Los mercados de carbono, biodiversidad y otros servicios ecosistémicos también requieren salvaguardas sociales y ambientales robustas, basadas en la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado, para evitar nuevos despojos y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.