Colombia puede y debe regular los clubes cannábicos

Regular el mercado de la marihuana en Colombia debería ser una prioridad política del próximo presidente o presidenta del país. Regular podría disminuir las rentas del poder ilegal e introducir controles de salud pública para un producto de consumo masivo. Sin embargo, de los candidatos, solo Cepeda menciona la regulación del mercado de drogas en su programa de gobierno, aunque de manera ambigua y sin contenido específico. Las drogas siguen siendo el elefante en la habitación de la política colombiana. Pero ¿qué tan posible es regular el cannabis en Colombia? La única oportunidad sin reforma constitucional es la de los clubes cannábicos.

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El panorama es paradójico: Colombia produce más cannabis del que consume. El 60% del que se cultiva aquí sale ilegalmente hacia otros países. Solo el enclave del norte del Cauca produce aproximadamente 1.538 toneladas al año, según Indepaz. Somos, en la práctica, una potencia exportadora de cannabis ilegal que se niega a regular su propio mercado.

Intervenir en el mercado de cannabis no es sencillo. El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida por los colombianos, detrás del alcohol y el tabaco, y su mercado hace rato superó la lógica simple de cultivador, intermediario y consumidor. Los autocultivadores y los clubes sociales cannábicos han ido cambiando las reglas de juego. Naturalmente, no todos los actores de este mercado querrán o podrán participar del mercado legal, más cuando la oferta sobrepasa la demanda doméstica por esta flor. A esto hay que agregarle que una regulación integral del mercado debe estar precedida de una reforma constitucional que lo permita, reforma que se ha intentado más de seis veces y parece cada vez más difícil de lograr en el Congreso.

Si somos sinceros, el margen de acción del próximo gobierno es limitado, pero la expansión de los clubes cannábicos es una oportunidad para superar el paradigma prohibicionista sobre el cannabis. Los clubes son un modo organizativo de producción y distribución de cannabis que escapa de la lógica del mercado negro, porque se trata de adultos que se asocian para cultivar y compartir de manera colectiva, sin ánimo de lucro y de manera casi segura. Casi, porque, sin necesidad de una ley, estas iniciativas se amparan en el derecho al autocultivo (máximo 20 plantas por persona), el derecho a la libre asociación y la más reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia sobre el delito de tráfico. Interpretación que entiende que compartir sustancias psicoactivas con personas con quienes se tiene lazos estrechos y sin ánimo de lucro no constituye delito.

Colombia puede y debe regular los clubes cannábicos. El próximo gobierno puede avanzar en su reglamentación sin necesidad de una ley que lo habilite, no sin antes entender su funcionamiento. Los fundamentos normativos y jurisprudenciales que respaldan los clubes cannábicos son suficientes para consolidar una regulación que brinde seguridad jurídica y ordene las reglas de juego. Para lograr este objetivo, el gobierno podría amparar la regulación de los clubes en la reglamentación de la Ley 30 de 1986. Además, con esfuerzo interinstitucional, se podría refrendar la seguridad jurídica de estas iniciativas con una Directiva de la Fiscalía General de la Nación, que aclare que las conductas desplegadas por los clubes no constituyen delito.

Desconocer una realidad no la elimina. Solo decide quién la controla. Hoy, los clubes cannábicos existen sin que el Estado tenga ninguna injerencia sobre cómo operan, quién participa en ellos o qué tan seguros son. El escenario ideal para Colombia es desmontar la nefasta prohibición constitucional del artículo 49, que representa una traba para regular los mercados de drogas. Mientras eso no ocurra, y no parece que ocurrirá pronto, está la oportunidad de regular los clubes cannábicos. Regulación que no escapa de dilemas éticos y políticos, ¿cómo incluimos a las poblaciones cultivadoras que sufren la guerra contra las drogas en sus propios cuerpos? Quien gane, tendrá varias opciones sobre la mesa desde el primer día. La pregunta es si hay voluntad política para regular o si vamos a seguir ignorando la realidad.