El glifosato reprodujo y profundizó el racismo estructural en Colombia

Las políticas de drogas han sido una expresión del racismo estructural. Las cifras de encarcelamiento masivo y violencia policial a poblaciones afrodescendientes a causa de la guerra contra las drogas son aterradoras y han sido bien documentadas en los países consumidores, como Estados Unidos, a diferencia de la escasa documentación sobre los impactos que se viven en los países productores. Colombia ofrece un caso único de reflexión porque no solo afrontamos la violencia de las prácticas de control de demanda de drogas, sino también afectaciones desproporcionadas por políticas de reducción de oferta.

Este es el caso de la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersiones con glifosato, estrategia que fue más intensa en las regiones mayoritariamente habitadas por comunidades afrocolombianas. Solo el litoral del pacífico nariñense entre 2004 y 2012 fue cada año la zona más asperjada del país. La desproporción en la aplicación de la política de drogas hacia la población afrodescendiente en el mundo está en la lupa del mecanismo de las Naciones Unidas para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.

Se trata de un mecanismo experto de carácter independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2021 con la finalidad de promover un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad racial en el contexto de la labor de las fuerzas del orden en todo el mundo, especialmente en lo que respecta a las secuelas del colonialismo y la trata transatlántica de personas africanas sometidas a esclavitud. Para ello, el mecanismo examina los marcos legales e institucionales que regulan el uso de la fuerza por parte de las autoridades, realiza visitas oficiales a países, evalúa cómo los Estados abordan las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos, y produce informes con recomendaciones concretas para fortalecer la rendición de cuentas, mejorar las prácticas policiales y avanzar en la justicia racial.

Bajo este mandato, en su sesión de marzo, el mecanismo se concentró específicamente en el nexo entre racismo y aplicación de políticas de drogas, y sobre este tema versará su próximo informe. Desde Dejusticia presentamos un análisis de la intersección entre política de drogas y discriminación racial en el caso colombiano, central porque brinda la perspectiva de un país productor.

La particularidad es que en Colombia la discriminación racial está presente en cada fase de la cadena de los mercados de drogas. Si bien en el país existe perfilamiento racial, criminalización y vigilancia desproporcionada, sustentadas en estereotipos que asocian a estas personas con el consumo o el microtráfico, también existió desproporción hacia la población afrocolombiana cultivadora de hoja de coca. El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersiones Aéreas con Glifosato (Pecig) fue más intenso en los territorios afrocolombianos del pacífico, esto en sí mismo es una afectación diferencial, sin contar con las afectaciones particulares que no se han documentado aún. La intensidad del Pecig se resume en que en poco más de una década el litoral pacífico de Nariño fue asperjado más de 200.000 veces, operativos que se concentraron en los municipios de Tumaco y Barbacoas, mayoritariamente negros. Inclusive, el caso que le permitió a la Corte Constitucional suspender las aspersiones aéreas con glifosato fue el de la comunidad negra de Nóvita, Chocó.

La aplicación desproporcionada de glifosato no es menor, esta sustancia química fue clasificada como “probablemente carcinógena para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las comunidades siempre lo supieron, en su momento, no solo denunciaron las afectaciones a los cultivos de subsistencia, a las fuentes hídricas y al medio ambiente en general, sino también secuelas en la salud física como intoxicaciones, enfermedades dermatológicas y respiratorias. Todas estas afectaciones se intensificaron en las comunidades negras, pues no es lo mismo afrontarlas en contextos en donde convergen el racismo estructural, la exclusión, el abandono estatal y el despojo de tierras y bienes.

Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que, pese a que entre 2002 y 2013 el 77% de las aspersiones se realizaron en territorios étnicos, el Estado incumplió con su deber de realizar consulta previa a estas comunidades. En particular, la JEP documentó graves hechos relacionados con la integridad y seguridad en estas comunidades, debido a que se ejecutaron operaciones militares, algunas de ellas incluyeron disparos desde helicópteros antes de las aspersiones. Prácticas que generaron terror en las comunidades y provocaron confinamiento, desplazamiento forzado y desintegración comunitaria y cultural.

La JEP concluyó que las aspersiones aéreas con glifosato produjeron consecuencias graves para la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos étnicos, al fracturar los vínculos que sostienen su existencia colectiva. Estas son las pocas afectaciones que se han identificado a la fecha, por ello, es urgente que el Estado promueva espacios de identificación y reconocimiento de los daños causados por el glifosato y concerte medidas de reparación con enfoque diferencial.

Las afectaciones particulares a los pueblos afrocolombianos en la lucha contra las drogas y en el marco del conflicto armado deben servirle al Mecanismo Experto para abrir discusiones profundas sobre cómo los Estados cumplen con sus obligaciones internacionales de fiscalización de manera desproporcionada hacia las comunidades afrodescendientes. Las políticas no son neutras, suelen estar cargadas de su trasfondo social, institucional y cultural. El caso colombiano demuestra que la aplicación de la política de drogas refleja patrones históricos de exclusión que permiten evidenciar que el racismo es estructural e institucional. La pregunta es qué está haciendo el Estado colombiano hoy para evitar que esto se repita. La no repetición es el primer paso para pensar de qué manera el Estado y la sociedad colombiana podrá reparar los daños causados por la política de drogas.