Justicia para Donovan

Donovan Balanta Paz era un hombre afrodescendiente de 34 años oriundo del Cauca. Vivía en el sector Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Murió el 20 de septiembre después de un procedimiento policial cerca de su residencia. Familiares y vecinos denuncian que fue golpeado y que recibió descargas de taser mientras estaba esposado y reducido en el suelo. Su madre asegura que una de las descargas fue en el pecho.

Después, fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Según su familia, llegó quejándose de dolor en el pecho y los agentes hicieron caso omiso; solo cuando perdió el conocimiento fue llevado a un centro asistencial, donde murió poco después. La Policía Metropolitana de Soacha confirmó el uso del dispositivo de inmovilización electrónica tipo Taser y señaló que Donovan presentó una «afectación repentina en su estado de salud» luego de ingresar a la estación, una explicación que deja por fuera la actuación de los agentes.

Aunque los hechos aún son materia de investigación, lo sucedido plantea la posibilidad de un uso excesivo de la fuerza en un contexto de perfilamiento racial. Esta es una de las múltiples expresiones del racismo estructural, en la que agentes de la policía persiguen, requisan y detienen de forma sistemática a personas afrodescendientes por su color de piel o su apariencia física, y no por la sospecha real de la comisión de un delito. 

Al igual que Donovan, muchas personas afrodescendientes han muerto en Colombia y en otros países en hechos relacionados con procedimientos policiales. El asesinato en 2020 de George Floyd en Mineápolis, Estados Unidos, se convirtió en símbolo de este tipo de violencia. Su muerte impulsó el debate internacional sobre el racismo y el uso excesivo de la fuerza policial contra personas racializadas. También dio lugar a que en  2021 se creara el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden (EMLER, por sus siglas en inglés).

En mayo de este año, el EMLER visitó Colombia y constató el racismo sistémico contra las personas afrodescendientes, normalizado, invisibilizado y arraigado en instituciones como las fuerzas de seguridad y la justicia. También advirtió que el perfilamiento racial está estrechamente ligado al uso desproporcionado de la fuerza: con frecuencia, los encuentros con la Policía empiezan con requisas o controles basados en estereotipos sobre la apariencia o el lugar de residencia y pueden escalar de manera innecesaria hasta la violencia física, incluida la fuerza letal.

En Colombia, esa realidad ha sido documentada. Durante el estallido social del 2021 el 39,7 % de las víctimas de violencia policial en ciudades como Cali fueron jóvenes afrodescendientes. En el Transmilenio de Bogotá las personas de piel oscura tienen más del doble de probabilidades de ser detenidas, multadas o requisadas. Por eso, la investigación del caso de Donovan debe incluir hipótesis que permitan establecer si su muerte fue el resultado de  estereotipos y perfilamiento racial.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-190 de 2021, estableció que el uso de la fuerza policial solo es legítimo cuando respeta los principios de legalidad, no discriminación, estricta necesidad y proporcionalidad; cuando los desconoce, deja de estar amparado por las funciones de la Policía.  Estos criterios deben orientar la investigación. El taser en manos de un policía en estado de ira, puede convertirse en un instrumento de tortura. 

La Policía apartó temporalmente a siete uniformados y abrió una investigación disciplinaria por la muerte de Donovan. Sin embargo, estas investigaciones pueden carecer de imparcialidad, pues quien juzga suele pertenecer al mismo órgano que el denunciado, lo que favorece el encubrimiento. Por ello, hago un llamado a la Fiscalía para que avance en la investigación y establezca qué pasó desde la detención hasta la muerte de Donovan. Según los estándares de Naciones Unidas, cuando una persona muere bajo custodia, incluso por el uso de armas menos letales, se presume la responsabilidad del Estado y es este quien debe demostrar lo contrario. 

El concepto de raza y el racismo, heredados del colonialismo europeo, no pueden seguir reproduciéndose en el actuar de las instituciones. Durante siglos, la población negra ha sido tratada como sospechosa por su apariencia, origen o pertenencia étnica. Aunque la Constitución politica de Colombia protege el derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte (artículo 11), y garantiza el debido proceso (artículo 29), las personas afrodescendientes siguen muriendo durante procedimientos policiales o bajo custodia, sin que se esclarezcan los hechos ni se determinen responsabilidades. Por eso, se insta al Estado a cumplir la recomendación del EMLER  de  eliminar el perfilamiento racial, definirlo en la legislación y en los protocolos policiales, investigar todas las denuncias relacionadas con esta práctica y garantizar la rendición de cuentas.