La apuesta ambiental del Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno Nacional le apuesta a un fortalecimiento sin precedente del Estado Social de Derecho, principalmente en zonas rurales. El actual proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) busca cambios estructurales para potenciar las decisiones de las comunidades en sus territorios, así como la conservación de la enorme biodiversidad del país, que valen la pena analizar.

Una primera lectura del PND parece indicar que los diálogos regionales vinculantes que lo alimentaron permitieron identificar una vasta extensión de conflictos socioecológicos a lo largo y ancho del país —como en la Mojana, la Amazonía, el Pacífico, entre otros—. Esto se refleja en una apuesta por reordenar el territorio “alrededor del agua”, por las alternativas para que los campesinos puedan coexistir en áreas de protección ambiental, así como el inicio de la descarbonización de la economía y la transición energética; esto es, fortalecer los ingresos públicos a partir de productos diferentes del carbón y el petróleo.

Dada la profundidad de los cambios, no es fortuito que después de la paz, el medioambiente ocupe uno de los primeros capítulos del PND y que el agua sea el primero de los ejes articuladores de transformación del territorio. Sin embargo, la enorme ambición del Plan requiere de instituciones fuertes, lo que es un problema porque no lo son, así como pasos cuidadosos para evitar el aumento de conflictos territoriales y poner en riesgo las finanzas de la Nación.

El principal cambio que salta a la vista es proponer el paso de un ordenamiento territorial que impulsa la explotación a gran escala de petróleo y minerales a uno que privilegia la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. Suena fácil, pero los retos son enormes. Primero, porque la economía del país —y, en consecuencia, su funcionamiento— depende en gran medida de los hidrocarburos, lo que trae riesgos de estabilidad en medio de una crisis económica global.

Relacionado:

Debate sobre los derechos de la naturaleza

Segundo, porque varias de las figuras de protección ambiental, como parques nacionales naturales y áreas de reserva forestal, desconocieron que históricamente allí habitan campesinos, lo que ha generado enormes conflictos por las judicializaciones y la exigencia de irse de esas zonas, particularmente en el contexto de violencia del país. Este PND incluye las concesiones forestales, un derecho al uso del bosque en áreas de reserva y baldíos para obtener ingresos a partir del control de la degradación de ecosistemas naturales y algunos usos de los bosques. Este punto puede ser especialmente complejo dada la tensión entre las demandas de propiedad de las tierras por parte del  campesinado y la necesidad de eliminar los estímulos de ocupación de estas áreas por parte del Estado.

Tres, porque los ríos y ciénagas han sido tratados históricamente como enormes cloacas, y su tratamiento y descontaminación debe interpelarnos a todos, ya que son la fuente vital y económica del país—imprescindibles para la pesca, agricultura, ganadería, generación de energía y abastecimiento hídrico—. A esto se suma la creciente incertidumbre climática, y el costo que implica el replanteamiento de las actividades productivas y los asentamientos en zonas de riesgo, en el marco de un proceso aún inicial de un mejor catastro.

Además, dos temas resultan de mucho interés: la prohibición del desarrollo de nuevos proyectos de gran escala para la extracción de carbón térmico a cielo abierto, y el registro de iniciativas que buscan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, los proyectos de gran escala son los que mayores impactos traen en el ambiente y los derechos de las personas, pero su gestión es difícil y costosa. Asimismo, el carbón es uno de los principales combustibles fósiles cuya quema ha incidido de forma determinante en el cambio climático. Esta prohibición, sin embargo, mantiene los derechos actuales de las minas de gran escala, que aún tienen décadas de vida útil por lo que no parece un gran cambio en el corto plazo.

Finalmente, la creación del registro de proyectos que buscan reducir emisiones es más que necesario. Actualmente, existen graves conflictos territoriales por la negociación de bonos de carbono, actividad no regulada ni controlada por el Estado, y que mueve grandes sumas de dinero sin que haya transparencia en el proceso.

Solo con la puesta en marcha del plan empezaremos a ver su eficacia. Y si bien muchos temas quedan por fuera, los desafíos no son menores. El texto del PND promete un avance nunca antes visto en materia socioambiental, pero también exige el mayor cuidado para disminuir la conflictividad y estabilizar las finanzas públicas a fin de lograr una mejora profunda en la calidad de vida de las personas y el cuidado de la naturaleza.