La cobardía de la OMS con la coca

¿Acabamos de presenciar la muerte de la reforma internacional en política de drogas?

Para esta fecha, esperábamos estar celebrando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara retirar o cambiar a la hoja de coca de la lista de sustancias más peligrosas. Al contrario, estamos viendo con decepción la cobardía de esta agencia de Naciones Unidas al decidir sostener el régimen de prohibición sobre la hoja de coca, a pesar de la evidencia disponible sobre el bajo riesgo de usar esta planta.

Esta decisión se dio dentro del marco de la revisión crítica de esta sustancia. Este proceso inició en 2023, cuando Bolivia solicitó a la OMS una revisión crítica de la hoja de coca, procedimiento contemplado en los tratados internacionales de drogas, que implica revisar la evidencia disponible sobre el potencial riesgo de abuso de una sustancia. Colombia se sumó a la petición.

El propósito de este proceso es que esta agencia formule una recomendación sobre los controles que debería tener una sustancia. La recomendación iniciaría una etapa política, porque la decisión se debe tomar mediante una votación dentro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés), allí donde solo participan 53 países. Esto no es de menor importancia: si los controles sobre la coca se flexibilizan podría haber comercios nacionales e internacionales para los productos de esta planta.

Entre tanto, en 2025 el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS convocó a un grupo de expertos que revisó la evidencia disponible y concluyó en un informe que la hoja de coca no representa riesgos significativos a la salud humana. Si bien hubo enormes vacíos para reconocer el repertorio de usos tradicionales, alternativos y el conocimiento indígena sobre la planta, parecía un avance que al menos se concluyera que la coca, en su estado natural, no causa daños. Corría octubre de 2025, y el informe entonces auguraba una recomendación favorable para la hoja de coca. Sin embargo, debimos advertir que no iba a ser favorable, porque no hubo ningún científico social en el Comité  y la recomendación iba a estar sesgada.

Así como el informe no identificó daños causados por la hoja de coca, como intoxicaciones o dependencia, sí señalaba que la cocaína era fácilmente “extraíble” de la hoja de coca. Este asunto se volvió central para la decisión que se conoció el pasado 3 de diciembre. En el documento final de la OMS, hay una contradicción difícil de digerir. Afirman que “[…] el uso tradicional de la hoja de coca, ya sea masticándola o en infusión, no parece suponer un riesgo especialmente grave para la salud pública”, pero acto seguido recomiendan mantener a la coca en la Lista I, aquella con los controles más estrictos posibles. Todo esto, tras afirmar que “la sencillez de la extracción de cocaína de la hoja de coca y su alto rendimiento y rentabilidad son bien conocidos”, asunto que parece justificar equiparar a la coca con la cocaína.

Este razonamiento de la OMS es problemático, por varias razones. Primero, porque mover a la hoja de coca a un sistema menos restrictivo no cambiaría en absoluto los controles que hay sobre la producción de cocaína, y se mantendría la prohibición para cultivar coca para cocaína, como se hace con el opio y la morfina. Segundo, porque lo que llaman “sencillez”, no lo es tal. Si bien la cocaína se extrae de la hoja, extraer tan siquiera 1 gramo de cocaína de la hoja de coca es un proceso voluminoso y costoso. Por lo tanto, de habilitarse un mercado internacional para el té de coca no habría proliferación de la producción de cocaína. Se calcula que para producir 1,5 kilogramos de pasta base de coca se deben utilizar más de 4,2 toneladas de hoja de coca fresca, una cantidad casi imposible de lograr mediante bolsas de té. Tercero, la evidencia de los pueblos indígenas fue ignorada dentro del proceso, pues si hubiera sido tenido en cuenta la recomendación sería distinta.

La situación es absurda por donde se le mire. Por años, Colombia ha liderado conversaciones incómodas en la escena internacional de drogas, cuestionando los costos desproporcionados que el país paga por sostener un sistema de prohibición que no se basa en la evidencia científica ni respeta los derechos humanos.

La revisión crítica de la hoja de coca era una estrategia diplomática que acudía a los mecanismos propios del sistema para corregir el error histórico de clasificar a la coca como sustancia peligrosa, y además para armonizar las leyes de drogas con la protección de derechos culturales de los pueblos indígenas. La recomendación del Comité de Expertos es tremendamente decepcionante y demuestra que el sistema de prohibición es impermeable a la evidencia.

Ahora que ya no habrá siquiera una votación en la Comisión de Estupefacientes y que el aparato de la prohibición reafirma su insensatez, es hora que Colombia se cuestione si quiere seguir siendo parte del sistema global de prohibición, cuyos mecanismos de reforma parecen obsoletos. Mientras tanto, en lo nacional al menos debería avanzar en reglamentar los usos legales de la hoja de coca, deuda pendiente de este gobierno.