La política alimentaria que dejó el gobierno de Gustavo Petro

Cuando se evalúa una política pública, existe una tentación de sobresimplificar el análisis en blanco y negro: éxito rotundo o fracaso absoluto. La política alimentaria del gobierno de Gustavo Petro no admite esa polarización. Hay decisiones que representan pasos genuinos, incluso podrían llamarse históricos, y hay omisiones que, si no se corrigen pronto, pueden costarle al país años de retraso en la lucha contra la malnutrición. Vale la pena mirar ambas caras con honestidad, especialmente ahora luego del terremoto que sacudió al país.

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Lo que sí funcionó

El primer avance fue en 2022, con el impuesto saludable a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. A pesar de lo que algunos afirman, no es un capricho fiscal ni una ocurrencia ideológica, es una medida de salud pública respaldada por la Organización Mundial de la Salud,(opens in new tab) cuyo objetivo es desincentivar el consumo reiterado de productos que elevan el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y el cáncer. 116 países(opens in new tab) ya lo han implementado con resultados documentados en la reducción del consumo de estos productos.

El segundo avance es, sin duda, el más trascendental: el Acto Legislativo 01 de 2025 modificó el artículo 65(opens in new tab) de la Constitución para reconocer expresamente el derecho humano a la alimentación adecuada de todas las personas, no solo de mujeres gestantes, niños o adultos mayores en situación de indigencia, como ocurría antes; también reconoce el papel central del campesinado en la garantía de este derecho, priorizando el desarrollo de las actividades agrícolas, agroecológicas y campesinas como pilar de la disponibilidad de alimentos en el territorio.

Esta reforma es un logro que, además, tiene un mérito colectivo. Fue liderada por organizaciones con mucha trayectoria en el tema, como Fian Colombia. Ahora el reto es que el Congreso reglamente esta reforma mediante una ley estatutaria que le dé dientes reales al mandato constitucional, y no se quede en una declaración de buenas intenciones.

Finalmente, hay que reconocer la disminución del hambre registrada durante este periodo(opens in new tab). Los datos del Dane respaldan el avance: la inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos pasó de 25,5% en 2024 a 21,1% en 2025, y la inseguridad alimentaria grave cayó de 5,0% a 3,4%. En términos de personas, esto significa que 2 millones 360 mil colombianos salieron de la inseguridad alimentaria moderada o grave en un solo año, y cerca de 779 mil dejaron atrás la forma más severa.

Aunque son cifras que no deben minimizarse, sí deben leerse sin matices, la brecha entre el campo y la ciudad sigue siendo profunda. En 2025, la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 18,1% en las cabeceras urbanas frente a 31,4% en centros poblados y zonas rurales dispersas; en su forma grave, la diferencia fue de 2,9% frente a 5,2%.

En el contexto de la emergencia por el terremoto es importante mencionar que Chocó, ya presentaba, antes de esta situación, cifras críticas en términos alimentarios, registrando en 2025 la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave del país con 56,8%, seguido de Sucre con 50,1%. Así, según cifras del Dane, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave en Chocó registró aumentos estadísticamente significativos entre 2024 y 2025 en Chocó, al pasar de 6,4% en 2024 a 17,9% en 2025, un aumento de 11,5 puntos porcentuales, siendo este el mayor incremento departamental del país (el otro caso relevante es Vichada, que pasó de 2,7% a 9,7%).

Lo que sigue fallando

Ahora bien, ningún avance normativo sirve si el Estado no sabe, con datos actualizados, dónde y cómo está fallando. Ese es precisamente el primer gran retroceso, la ausencia de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin). Esta encuesta debía actualizarse en 2020; no se hizo. Se prometió para 2025; tampoco se hizo. En 2026 seguimos operando con información nutricional de hace 11 años, la cual es insuficiente para diseñar políticas aterrizadas al contexto actual. No es un detalle técnico menor, ya que sin datos confiables sobre desnutrición infantil, sobrepeso, obesidad o deficiencias de micronutrientes por región, cualquier intervención, por bien intencionada que sea, corre el riesgo de operar a ciegas.

El segundo retroceso es la falta de regulación a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, particularmente en entornos escolares y en medios digitales. Por un lado, el Estado grava estos productos, pero al tiempo permite que la industria siga construyendo hábitos de consumo desde la infancia, a través de pautas publicitarias que saturan redes sociales, plataformas de streaming y videojuegos, sin restricciones significativas

No basta con encarecer los ultraprocesados si al mismo tiempo se deja abierta la puerta para que su publicidad siga moldeando el paladar y las decisiones de compra de las próximas generaciones. Este vacío regulatorio es una deuda pendiente de Colombia con la salud de su niñez y su adolescencia.

Balance y llamado al nuevo gobierno

El nuevo gobierno tiene la obligación constitucional, no solo política, de sostener lo que funcionó; es decir, mantener el impuesto saludable pese a la previsible presión de la industria y reglamentar con seriedad el Acto Legislativo 01 de 2025 para que el derecho a la alimentación deje de ser una promesa en el papel. Pero sostener lo bueno no basta.

El nuevo gobierno también hereda las tareas que Petro dejó sin resolver, y no puede darse el lujo de heredarlas dos veces. Aplicar la Ensin ya no es negociable, pues cinco años de atraso son motivo suficiente para no sumar uno más. Regular la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes tampoco admite más plazos. Y cerrar la brecha rural-urbana en materia de hambre exige algo más que discursos, exige presupuesto, presencia estatal y decisiones que no midan el bienestar del campo por su costo político.

Hoy esa deuda con el campo tiene nombre propio: Chocó. Un departamento que ya arrastraba, antes de cualquier emergencia, la peor cifra de inseguridad alimentaria del país, y que ahora enfrenta un terremoto que amenaza con profundizar aún más las carencias que el Estado nunca terminó de resolver. El gobierno tiene la obligación poner en el centro los programas de seguridad alimentaria con alimentos reales y garantizar que la ayuda de emergencia no sustituya sino que se sume a una política estructural contra el hambre.