La norma cumple con los requisitos formales y materiales para ser declarada exequible. El decreto fue expedido por el presidente, quien es la autoridad competente y además está alineado con los criterios de conexidad y estricta necesidad.

La intervención argumenta que hubo un uso adecuado de las facultades presidenciales para la paz. Sin embargo, solicitó la inconstitucionalidad de la fecha límite que se fija para determinar los beneficiarios.

Apoyamos la libertad de expresión de Educar Consumidores en un comercial que hablaba sobre el contenido y los efectos en la salud de las bebidas azucaradas. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó suspender su transmisión.

La Corte Constitucional está a punto de darle final a la lucha jurídica que emprendió Jonh Jak Becerra hace seis años, luego de ser víctima de discriminación racial en su trabajo. Dejusticia y Cimarrón pidieron en su intervención la protección de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo digno y al debido proceso.

Dejusticia intervinó ante la Corte Constitucional en el proceso de revisión de la ley de inmigración y extranjería de 1920 que considera a las personas comunistas y anarquistas como un peligro para la estabilidad de los poderes públicos.

Veintitrés ciudadanos miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria presentamos una intervención ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el procedimiento en curso contra el comercial de Educar Consumidores, que presentaba el contenido de azúcar de las diferentes bebidas disponibles en el mercado.

Dejusticia realizó dos intervenciones ciudadanas dentro de procesos de control de constitucionalidad de los artículos 39, 41, 53, y 155 del Código de Policía (Ley 1801 de 2016).

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en el proceso de revisión constitucional de la ley que otorga amnistías, indultos y tratamientos penales especiales (Ley 1820 de 2016). Estimamos que, de manera general, la ley de amnistía se ajusta a la Constitución Política y es respetuosa de los deberes internacionales del Estado colombiano.

Se exponen dos razones en la intervención: al expedir esa norma, el Presidente de la República excedió las facultades especiales para la paz pues no demostró la estricta necesidad de regular ese tema por esa vía extraordinaria; y el procedimiento de contratación que regula el DL 249/2017 viola los principios constitucionales que rigen la contratación pública