La semana pasada, Dejusticia presentó intervención ante la Sección Primera del Consejo de Estado y solicitó mantener vigente el Decreto 1227 de 2015, que reglamenta el trámite de corrección del componente “sexo” del registro civil.

César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, intervino como perito en el primer caso que debate el trabajo forzado en las Américas, a propósito de denuncia sobre trabajo esclavo en Brasil 

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional para solicitarle respetuosamente que declare la constitucionalidad de la disposición “principia al nacer” del artículo 90 del Código civil.

Intervención en demanda de inconstitucionalidad contra las normas del Código Penal que no contemplan la identidad de género dentro del tipo penal y la causal de mayor punibilidad por discriminación y hostigamiento.

Intervinimos ante la Corte Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión «exenta de culpa» del estándar probatorio de la buena fe, contenido en la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y restitución de tierras) que es requisito para acceder a la compensación económica. 

Presentamos un amicus curiae en el proceso de restitución a favor de la comunidad afrodescendiente de Cocomopoca. 

La reforma de equilibrio de poderes excluyó para la materia específica
de reelección presidencial los otros dos mecanismos de reforma
constitucional que están previstos en la Constitución: el acto
legislativo y el referendo constitucional de iniciativa gubernamental. Dejusticia sostiene que esta disposición no es inconstitucional.

Nuestro derecho de petición resalta tanto lo que se ha hecho como lo que falta por hacer para la conformación y puesta en marcha de la Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

Nuestra intervención resaltó que a pesar de que las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) regulan de manera específica las situaciones de guerra, esto no quiere decir que, a partir del criterio de especialidad, la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015 excluya las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).