Existe un cierto acuerdo doctrinario en que una de las consecuencias importantes del principio de progresividad en materia de derechos sociales es la llamada prohibición de retroceso o principio de no regresividad. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, la prohibición de retroceso plantea interrogantes complejos, pues no es claro cuál es su alcance.

Este artículo busca evaluar la intervención de la Corte Constitucional en las cárceles colombianas, con especial énfasis en el tema del hacinamiento carcelario, a fin de establecer los avances, límites y retos de dicha intervención.

El 18 de mayo de 2006 la Corte Constitucional decidió declarar la ley 975 de 2005, también llamada ley de justicia y paz, ajustada a la Constitución Política, con excepción de algunas de sus disposiciones, que fueron declaradas inconstitucionales o cuya interpretación fue condicionada. Este documento pretende registrar cómo quedará el texto definitivo de la ley después de su revisión por parte de la Corte, y qué implicaciones tendrá su cambio en el proceso transicional que en la actualidad enfrenta el país con motivo de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares. Dado que el fallo fue anunciado cuando este libro estaba ya en prensa para su publicación, este registro parte de información que es aún parcial, pues todavía no se conoce el texto completo de la sentencia y, por consiguiente, nuestras fuentes principales han sido los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional para dar cuenta de la decisión, así como los artículos de prensa y los análisis de corto plazo que algunas organizaciones no gubernamentales han realizado sobre la decisión.

Analizando el papel de los árbitros en los partidos de fútbol, defiende la utilización de la televisión como herramienta para disminuír los errores que cometen y por esta vía evitar que el fútbol se convierta en un juego de azar.

La impuntualidad es un vicio generalizado en las corporaciones públicas, en el Estado y en toda la sociedad colombiana, que no recibe el suficiente reproche social.

Danilo Rojas, de DeJuSticia, señala cinco consecuencias posibles de la masacre de Jamundí, y varios aprendizajes para nuestra democracia.