Juan Fernando Jaramillo, miembro de DeJuSticia y profesor de la Universidad Nacional, expresa que, a pesar de la reforma política de 2003, poco se ha avanzado en la democratización interna de los partidos políticos colombianos

Maria Paula Saffon, de DeJuSticia, sostiene que los recientes sucesos descubiertos de lo ocurrido en el Palacio de Justicia nos deben servir de lección para escuchar a las víctimas en lugar de estigmatizarlas

Dar a los paramilitares el carácter de delincuentes políticos, en lo cual insisten varios sectores cercanos al gobierno, es continuar con una actitud complaciente.

Rodrigo Uprimny, Director de DeJuSticia, destaca las inconsistencias y los riesgos del ataque del gobierno a la Corte Suprema por el fallo sobre paramilitares y delito político

Hay afirmaciones que por su precisión llegan a convertirse en lugares comunes. Tal ocurre precisamente con la célebre frase del jurista alemán Claus Roxin cuando afirma (así, entre signos de exclamación) que “¡el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado!” (Roxin 2000, 10). Esta afirmación expresa, con algo más de precisión, una idea que de todas formas ya había sido anunciada por Beccaria en relación a la proporcionalidad entre los delitos y las penas: “si hubiese una escala exacta y universal de las penas y de los delitos, tendríamos una probable y común medida de los grados de tiranía y de libertad, del fondo de humanidad o de malicia de las diversas naciones” (Beccaria 1990, 59). Según Beccaria, pues, los estados donde tal proporcionalidad exista serán estados libres y humanitarios; la desproporción, por el contrario, evidenciaría tiranía y malicia.

En su última columna, el distinguido tratadista y abogado Javier Tamayo sigue empecinado en ofrecer interpretaciones erróneas de mi libro “El derecho de los jueces”. No me atrevería a polemizar con tan dilecto amigo y jurista si no fuera por el hecho que sus afirmaciones son, esta vez, francamente inaceptables. En esta oportunidad Javier me acusa de un grave pecado: el punto esencial consiste en afirmar que en Colombia existe una teoría, a la que él denomina “nuevo derecho” y que su núcleo básico consiste en sostener una marcada aversión por la ley.