Opinión

El Gobierno de Colombia debería hacer lo posible para que salga bien la reforma laboral en la plenaria del Senado, lo cual haría innecesaria la consulta popular.

El expresidente López Obrador hizo pasar (forzadamente) una reforma constitucional para que todos los jueces del país fueran elegidos democráticamente. Ya hubo unas primeras elecciones, pero persisten los problemas del Poder Judicial.

Mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes.

Las regulaciones que persiguen el porte de drogas, como la de Bogotá, contradicen abiertamente a la Corte Constitucional, que en su más reciente decisión reiteró que el porte de drogas para consumo personal es una conducta privada, que no representa una amenaza o afectación a los derechos de terceros.

Mientras el puerto se limita a la operación portuaria y obtiene importantes ganancias, que en vez de distribuir equitativamente en el territorio donde se instala el negocio, son repartidas en el resto del país, mientras que la ciudad se queda con la contaminación producida por la ampliación de canales y dragados.

No hubo autoconvocatoria ciudadana, ni deliberación con la institución representativa local, sino que la gente fue convocada por el presidente para que escucharan su discurso y lo apoyaran.

En la Edad Media la codicia era un vicio garrafal. Eso cambió en el siglo XVIII con el aumento del comercio. Pero no todos estuvieron de acuerdo con el rescate de la codicia.

El Consejo de Estado ratificó los derechos territoriales de esta comunidad negra, que ha ocupado el predio titulado por más de 200 años. Con ello, ganan La Boquilla, la justicia y las comunidades negras del Caribe.

Ojalá la crispación actual no termine por arrastrar y hundir el proyecto que regula la jurisdicción agraria y, en las próximas semanas, podamos celebrar su puesta en marcha.