Me temo que nuestro nuevo presidente promete más de lo mismo: jactancia, imagen y espectáculo desconectados del mérito. Ojalá me equivoque.

Las víctimas del terremoto y sus familias requieren de nuestra solidaridad efectiva, pero nuestra Constitución también necesita de nosotros: de nuestra vigilancia constante. Y las dos son cruciales en este momento.

El país tendrá que enfrentar una discusión que ha aplazado durante décadas: cómo ampliar el espacio fiscal sin poner en riesgo el sector productivo, la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la garantía progresiva de los derechos humanos.

La laicidad protege al Estado de una interferencia indebida de las religiones, por cuanto éstas pueden llevar a asumir posiciones fundamentalistas en las luchas políticas y desembocar en persecuciones y guerras de religión.

Este trabajo no depende únicamente del apoyo que ya ofrecen las cámaras de fotodetección en corredores viales estratégicos.

Hoy, la Corte Constitucional tiene una oportunidad de oro para pronunciarse sobre este y otros temas de relevancia constitucional.

Los juramentos no son actos jurídicos menores: quien los incumpla no sólo pierde toda credibilidad, sino que ese hecho tiene implicaciones jurídicas, incluso penales.

El presidente electo no se quiere posesionar en la Plaza de Bolívar, como lo manda la tradición, sino en una guarnición militar.

El caso colombiano demuestra que la aplicación de la política de drogas refleja patrones históricos de exclusión que permiten evidenciar que el racismo es estructural e institucional. La pregunta es qué está haciendo el Estado colombiano hoy para evitar que esto se repita.