Las finanzas de Colombia: prometer es fácil, pero cumplir cuesta

Los gobiernos llegan con grandes promesas: mejorar la seguridad, ampliar los programas sociales, bajar impuestos o crear beneficios tributarios. Pero antes de prometer, cualquier gobierno debe analizar con qué recursos cuenta y qué tan sostenibles son para cumplir con los gastos que promete. Eso son, en esencia, las finanzas públicas.

¿Pero cómo saber si unas finanzas públicas son realmente sostenibles y sanas?

No existe un único indicador que responda a esa pregunta. Pero sí hay elementos que nos permiten hacernos a una idea. El primero es la capacidad de recaudo. Un Estado con finanzas sólidas logra obtener recursos suficientes mediante impuestos y otras fuentes de ingreso como las regalías. Cuando el recaudo es bajo o depende excesivamente de recursos temporales, la sostenibilidad comienza a deteriorarse.

El segundo es el balance fiscal; es decir, evitar que el gasto supere de manera permanente los ingresos. Si un gobierno gasta mucho más de lo que recibe, aparece el déficit fiscal y debe financiar esa diferencia mediante deuda.

El tercero es precisamente el nivel de endeudamiento. Endeudarse no es malo por sí mismo. De hecho, todos los países lo hacen. El problema aparece cuando la deuda crece más rápido que la capacidad de pagarla, o cuando una parte creciente del presupuesto termina destinándose únicamente al pago de intereses.

Finalmente, unas finanzas públicas sanas también requieren gasto público de calidad. No basta con gastar más; importa cómo se gasta. Invertir recursos en proyectos poco efectivos o mantener beneficios tributarios que no generan resultados termina debilitando las finanzas del Estado.

¿Qué recibió y qué dejó el gobierno Petro?

Petro heredó un panorama especialmente complejo. La pandemia dejó un fuerte incremento de la deuda pública y un elevado déficit fiscal, producto del aumento extraordinario del gasto entre 2020 y 2021 para atender la emergencia.

Uno de los principales logros del gobierno Petro fue aumentar la capacidad del Estado para recaudar impuestos frente a años anteriores. La reforma tributaria de 2022 hizo que ingresaran más recursos a las arcas públicas al reducir beneficios tributarios, aumentar los impuestos para el sector extractivo y haciendo que quienes tienen mayor capacidad económica aportaran una mayor proporción de los impuestos. Gracias a estos cambios, el recaudo alcanzó el 16,6 % del PIB en 2023. Aunque después disminuyó, se mantuvo alrededor del 14,5 % del PIB entre 2024 y las proyecciones para 2026, un nivel que sigue siendo superior al registrado durante buena parte de las dos décadas anteriores, cuando el Estado recaudaba menos del 14 % del PIB.

Sin embargo, durante el cuatrienio también aparecieron importantes dificultades. El crecimiento del recaudo esperado no fue lo suficiente para cubrir mayores compromisos en programas sociales, subsidios, la transición energética y otras obligaciones presupuestales.

A esto se sumó un desafío estructural que Colombia arrastra desde hace años, relacionado con la enorme rigidez del presupuesto. Cerca del 88 % del Presupuesto General de la Nación ya está comprometido por mandatos constitucionales, legales, transferencias territoriales, pensiones y servicio de la deuda. Esto significa que cualquier presidente dispone de un margen muy reducido para financiar nuevas promesas sin conseguir recursos adicionales.

En consecuencia, el nuevo gobierno recibe unas finanzas públicas con luces y sombras. Entre las luces destacan un sistema tributario algo más progresivo que hace cuatro años y una institucionalidad fiscal que continúa funcionando. Entre las sombras sobresale un espacio fiscal muy reducido. La deuda pública continúa siendo elevada y, según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), alcanzará el 60,3 % del PIB en 2026. A esto se suma una estructura tributaria compleja, con beneficios tributarios cuyo costo asciende a más del 8,5 % del PIB y persistentes niveles de evasión y elusión que siguen reduciendo la capacidad de recaudo del Estado.

¿Qué debería hacer el próximo gobierno?

Independientemente del programa político del nuevo presidente, las restricciones fiscales son prácticamente las mismas. La primera tarea es equilibrar las finanzas públicas, respetando la regla fiscal y ofreciendo un plan creíble para estabilizar el déficit y la deuda.

La segunda consiste en fortalecer el recaudo sin afectar al sector productivo. Más que depender de una nueva reforma tributaria, el reto está en combatir la evasión y la elusión, revisar los beneficios tributarios que no generan resultados —y que representan recursos que el Estado deja de recibir— y ampliar la base tributaria para que más contribuyentes aporten de manera equitativa.

La tercera es mejorar la calidad del gasto público. Colombia necesita priorizar programas con mayor impacto social y económico, evaluar permanentemente qué políticas funcionan y cuáles no, y, sobre todo, evitar retrocesos en los avances alcanzados en materia de garantía de derechos. Un cambio de gobierno no debería significar empezar de cero. Las políticas que han demostrado resultados —como los procesos de titulación de tierras o las inversiones que fortalecen el acceso efectivo a derechos— deben concluirse, fortalecerse y mejorarse, sin importar quién las haya iniciado.

El país tiene que enfrentar una discusión que ha aplazado durante décadas: cómo ampliar el espacio fiscal sin poner en riesgo el sector productivo, la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la garantía progresiva de los derechos humanos. Ese debate exige revisar la rigidez del presupuesto, evaluar si el gasto público realmente contribuye a reducir las desigualdades, revisar periódicamente los gastos tributarios y fortalecer la capacidad del Estado para recaudar lo que la ley ya establece. Unas finanzas públicas sanas no son un fin en sí mismas; son la condición para que los derechos dejen de depender del ciclo político y puedan garantizarse de manera sostenible en el tiempo.

El verdadero desafío del presidente Abelardo de la Espriella y su gobierno es encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y desarrollo social. Prometer es relativamente fácil; gobernar exige algo mucho más difícil: garantizar los recursos para cumplir, proteger los avances sociales que ya existen y tener la madurez institucional para reconocer que las buenas políticas no tienen color político. Cuando una medida amplía derechos y beneficia a la ciudadanía, lo responsable es consolidarla y hacerla mejor.