Con los jueces en la cuerda floja ¿quién podrá defendernos?

“Esta es la historia de un hombre/ que supo muy pocas letras/ y soñó con la justicia/ de los héroes de historieta/ y se disfrazó de bueno/ con un disfraz de villano/ y los malos de la historia/ son los héroes cotidianos”, dice la canción de Sui Generis, evocando rasgos y efectos de poderes autoritarios como los que hoy tienen en riesgo al Estado de Derecho en la región. 

De acuerdo con el Índice mundial del World Justice Project (2025) el Estado de Derecho está en declive en el 68% de los países del mundo. Una de las principales razones es que los jueces están perdiendo poder para limitar a los gobiernos en un contexto marcado por múltiples ataques contra los sistemas judiciales. Señalamientos públicos desproporcionados contra los jueces en Colombia y reformas estructurales donde se politiza e interfiere en la función judicial, como se analizó en un newsletter anterior sobre México, son algunos de ellos. Estos ataques responden a una tendencia más amplia y subrayan la necesidad de reforzar la protección de la independencia judicial, que permite un control judicial efectivo de los abusos de poder y resulta indispensable para resistir a las posibles embestidas de gobiernos autoritarios contra el Estado de Derecho. 

En este artículo exponemos algunos ejemplos de las estrategias que se están usando para debilitar el poder judicial en América Latina. Por un lado, desarrollamos los casos de El Salvador y Venezuela, países donde gobiernos autoritarios han logrado la captura política de los jueces minando la independencia judicial. Por el otro, tomamos la experiencia de Ecuador y Brasil como ejemplos en los que los jueces, aunque amenazados en su independencia, han logrado resistir. 

1.   “Jueces de bolsillo” en Venezuela y el Salvador

Venezuela y El Salvador son un buen ejemplo de la captura de la justicia y sus consecuencias: ante poderes autoritarios que buscan perpetuarse en el poder vulnerando derechos, no hay jueces independientes que protejan. Al contrario, los jueces pueden participar en la violación de derechos, como sucedió con el sistema judicial venezolano que avaló y facilitó abusos estatales con la legalización de capturas a la oposición política. 

La fórmula en Venezuela para tener jueces sin independencia se perfeccionó, primero, eliminando la estabilidad de los jueces con nombramientos provisionales y, luego, destituyendo a magistrados y reemplazándolos por juristas de la cuerda política del chavismo. Por otro lado, en El Salvador, el autodenominado “dictador más cool del mundo” no solo logró reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente como presidente, también destituyó a los jueces de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General con ayuda de sus mayorías en la Asamblea Legislativa. Los primeros por frenar judicialmente decretos ejecutivos en la pandemia y el segundo por investigar actos de corrupción y acuerdos bajo cuerda con pandillas.

La convalidación judicial de la elección irregular de Maduro en Venezuela y la elección de jueces favorables al gobierno que aprueban todo lo que hace Bukele, son evidencia de que los poderes judiciales en estos países no gozan de independencia ¿Los resultados? En el 2025 ambos países están entre los peores puntuados en el Índice de Estado de Derecho. De 32 países evaluados en América Latina y el Caribe, Venezuela ocupa el último lugar y El Salvador es el séptimo país peor puntuado. 

2.   Jueces que no se doblegaron en Ecuador y Brasil

Los ataques a la independencia judicial no siempre resultan victoriosos; en algunas ocasiones los jueces logran resistir a presiones políticas, y los casos de Ecuador y Brasil son una muestra de estas tensiones. En ambos países, las altas cortes lograron resistir ante la narrativa de polarización impulsada por algunos sectores políticos alrededor de decisiones judiciales, una estrategia de manual ampliamente usada en la región para ejercer presión sobre el poder judicial y obligarlo a ceder. 

En Ecuador, la independencia judicial pasó por una encrucijada: en agosto de 2025 la Corte suspendió artículos de tres leyes impulsadas por el ejecutivo que vulneraban derechos fundamentales. En respuesta, el presidente Noboa y altos funcionarios del Gobierno lideraron una marcha contra la Corte, argumentando que la decisión suponía un obstáculo para la seguridad pública y declararon a los jueces “enemigos de la ciudadanía”. En Quito se escucharon clamores contra los “jueces corruptos” y empapelaron la ciudad con las caras de los Magistrados, a quienes acusaban de “robarle la paz al país”. A los pocos días, otro grupo de ciudadanos salió a marchar en defensa de la Corte y los jueces se mantuvieron firmes en su decisión de frenar medidas autoritarias. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que estos ataques comprometen la seguridad de los magistrados, erosionan el Estado de derecho y la función de los tribunales como contrapeso constitucional.

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En Brasil, el juicio contra el expresidente Bolsonaro es uno de los episodios más significativos para la democracia y la independencia judicial en los últimos años. En 2025, el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, determinó que el expresidente fue el culpable de intentar deslegitimar las elecciones y abolir el estado de derecho en el fallido golpe de estado del 2023. Este proceso ocurrió en un contexto político álgido: Bolsonaro contaba con cierto respaldo social, influencia en el poder legislativo y apoyo de actores internacionales. A pesar de ello y en medio de marchas a favor y en contra de la condena, el Tribunal continuó el proceso sin titubear ante presiones internas y externas. En ese sentido, el desenlace del caso envió un mensaje claro tanto a la ciudadanía brasileña como a la comunidad internacional: nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la Constitución. Estos casos evidencian que, incluso bajo presión, los jueces pueden limitar gobiernos con tendencias autoritarias, actuar como contrapeso y defender el Estado de Derecho. 

¿Qué reflexiones nos quedan?

Varios gobiernos en la región están optando por ejercer el poder al estilo de Juan Represión en la canción de Sui Generis. La fórmula que estos poderes autoritarios están usando contra la independencia judicial tiene múltiples variables o ingredientes, como lo muestran los casos de doblegación y resistencia que vimos arriba. El recambio total de jueces, las narrativas populistas polarizantes, las arremetidas del ejecutivo contra el poder judicial y la elección politizada de los jueces son algunas de ellas.

Un antídoto indispensable contra estas tendencias autoritarias es proteger y fortalecer la independencia judicial, que se materializa, entre otras cosas, asegurando la inamovilidad y selección meritoria e imparcial de los jueces. Que exijamos con urgencia este remedio  es muy importante porque, en tiempos en los que nuestros derechos están bajo amenaza por poderes autoritarios en expansión, si no contamos con un Estado de derecho fuerte, una democracia sólida y jueces independientes ¿quién podrá defendernos?