Perú no “vive una crisis”, “vive en crisis»

América Latina atraviesa un nuevo momento político y social: los golpes ya no se dan solamente con fusiles, sino con leyes. Los autoritarismos no solo llegan  con balas, sino a través de la manipulación del voto popular; ya no imponen, ahora instrumentalizan la administración; y mientras prometen “orden”, socavan la democracia desde adentro.  Gobiernos electos que criminalizan la protesta, Congresos que blindan la corrupción y pueblos que aprenden a sobrevivir entre la represión y la delincuencia. En gran parte de la región, los nuevos autoritarismos se sostienen en la crisis, y Perú es su rostro más claro: un país donde la inestabilidad dejó de escandalizar para volverse costumbre.

La designación del nuevo presidente, José Jerí, confirma un patrón: no gobierna quien elige el pueblo, sino quien conviene. La sucesión de siete presidentes en ocho años provoca diversas reacciones: entre quienes exigen cambios y quienes piden no “politizar” las marchas, como si los atentados, la miseria o la corrupción fueran neutrales.

La caída de Dina Boluarte podría parecer el cierre de un ciclo, pero en realidad confirma la tendencia de impunidad. En diciembre de 2022, cuando el presidente Pedro Castillo fue vacado de manera irregular, la escena fue inmediata y violenta: en cuestión de horas lo habían reducido y detenido a través de las armas. Con Boluarte fue distinto: pese a los más de 60 asesinados por protestar, los escándalos de corrupción y la violencia, se fue a su casa sin procesos ni impedimentos de salida del país, como si nada hubiera pasado. Lo más indignante es que no cayó por las muertes ni la corrupción, sino porque se acercan las elecciones y quienes tienen cooptado el poder necesitan sacrificarla para seguir en el juego. En Perú, el costo político no depende de la gravedad del acto, sino de quién lo comete y de qué poderes lo sostienen.

Recordemos que Boluarte no se sostuvo sola: sobrevivió tres años con menos del 2% de aprobación gracias a un bloque político que la blindó y que hoy sigue operando. Ese mismo bloque que la protegió en 7 intentos de vacancia, archivó sus procesos y publicó comunicados contra fiscales y jueces que investigaban a su hermano.

Boluarte dejó de ser mandataria, pero las estructuras que la sostuvieron siguen intactas. Jerí no representa una ruptura, sino la continuidad de un modelo que convierte la inestabilidad en método y la impunidad en garantía. Acusado de violación sexual y envuelto en diversos escándalos, asumió el poder en medio de protestas y, en menos de una semana de mandato, el régimen asesinó a Eduardo Ruiz Sanz, un músico abatido por un policía terna durante una manifestación contra su designación. Jerí llega al poder con el aval del mismo Congreso que sostuvo a su predecesora y que la vacó cuando necesitaban lavarse la cara. Ahora, nombra como premier a Ernesto Álvarez, quien acumula seis acusaciones por delitos de difamación, corrupción y violación sexual. Se habla de un “cambio”, pero todo sigue igual; se habla de “un gobierno de paz y reconciliación”, pero los muertos siguen llegando.

La pregunta inevitable es si lo que se ha consolidado en Perú —esa normalización del caos y esa legitimidad sin ciudadanía— anticipa algo más amplio: una advertencia de que el autoritarismo ha aprendido a gobernar con apariencia democrática, entonces ¿Cómo lo enfrentamos sin renunciar a la esperanza? Desde esta tribuna proponemos analizar las nuevas formas de autoritarismo para revisar y adaptar nuestras estrategias de defensa de la democracia y los derechos humanos.

¿Quién gobierna en Perú?

“Esta democracia ya no es democracia.” En las calles ya no solo es una consigna, sino la realidad. En Perú, votar es un ritual sin promesa: una ceremonia que legitima un poder que ya no necesita ciudadanos.

El Congreso ha ocupado el lugar del Ejecutivo como centro del poder real. No hay vacío, hay captura. Cada vacancia, cada inhabilitación, cada nombramiento exprés responde a un mismo patrón: redistribución del poder entre quienes garantizan la impunidad mutua. Y cuando ese orden es cuestionado, la respuesta vuelve a ser violenta.

En resumen, un país de 34,22 millones de habitantes es manejado por 130 congresistas que han capturado el poder no solo a través de la vacancia por “incapacidad moral”, sino también mediante la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la intromisión en la designación de la Fiscal de la Nación y la cooptación de otros organismos que deberían ser independientes. Nadie juzga al Congreso porque son ellos quienes han puesto a los juzgadores. Y la lección es clara: no importa si el modelo es presidencialista o parlamentarista; lo verdaderamente peligroso ocurre cuando un poder se sobrepone a las ideas democráticas e instrumentaliza los mecanismos institucionales para perpetuarse.

La arquitectura de la impunidad: legislar para sobrevivir

La coalición dominante —el fujimorismo, APP, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos, Perú Libre y sus aliados— han convertido el derecho en un escudo de autopreservación. Cada iniciativa legislativa parece más guiada por el interés particular de blindarse, que por el bien público y los valores democráticos. El Congreso ha aprobado normas de inmunidad que se esconden en el discurso de “justicia”: desde favorecer la prescripción de delitos de lesa humanidad, pasando por el debilitamiento de la figura de organización criminal, hasta someter a los organismos de control y justicia. La ley, antes concebida como límite del poder, se ha transformado en su refugio. Más que un síntoma aislado, este uso defensivo del derecho revela un proyecto político claro: asegurar intacta la arquitectura de impunidad que sostiene al régimen, incluso cuando las pruebas de corrupción y abuso son evidentes. 

Este fenómeno, como se mencionó, no es exclusivamente peruano. En varios países de la región —desde El Salvador hasta Guatemala, pasando por Ecuador o Paraguay— los gobiernos y congresos han instrumentalizado el marco legal para consolidar su impunidad, indistintamente si es un sistema presidencialista o parlamentarista. Bajo el discurso de la “seguridad jurídica” o la “estabilidad institucional”, se aprueban reformas que erosionan contrapesos, cooptan fiscalías o limitan la independencia judicial. Es un patrón regional que revela una paradoja: los marcos legales que debían garantizar justicia terminan legitimando, al contrario, la injusticia. La pregunta, entonces, es más compleja: ¿qué queda de la ley cuando la misma ley protege al delincuente? El resultado es una degradación silenciosa del Estado de derecho. Cada reforma consolida una estructura en que la impunidad deja de ser una anomalía para volverse un principio de gobierno.

¿Qué nos espera a 2026? Nuevas elecciones en crisis

El panorama electoral de 2026 anticipa continuidad más que transformación. Con treinta y nueve partidos o alianzas inscritos, el exceso de oferta no refleja vitalidad democrática, sino fragmentación. La doble valla —5 % de votos válidos y representación mínima en la doble cámara— funcionará como un filtro que reducirá drásticamente la competencia real. La fragmentación inicial desembocará en una concentración final: solo entre dos y cinco fuerzas lograrán sobrevivir al escrutinio, reproduciendo el mismo mapa político que la ciudadanía dice rechazar. En lugar de ampliar la representación, el sistema electoral institucionaliza la exclusión y convierte el voto popular en un trámite de validación del status quo.

En un país diverso —con costa, sierra y selva; pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes— no existen mecanismos efectivos para asegurar la participación de estos sectores. Peor aún: los partidos con mayores posibilidades de superar la valla son los que los discriminan.

Y luego de treinta años, el país volverá a tener un Congreso bicameral, pese a que en la votación nacional de 2018 el “90%” de la población dijo “NO” a la bicameralidad. En medio de la crisis, Perú consolida una democracia restringida, donde la competencia ocurre entre élites políticas recurrentes, mientras amplios sectores sociales, regionales y jóvenes quedan sin representación efectiva. Las reglas del juego —lejos de incentivar la pluralidad— premian la disciplina de las maquinarias existentes y castigan cualquier intento de renovación. Si nada cambia, la elección de 2026 confirmará un orden político incapaz de representar a la mayoría del país. Y la pregunta será inevitable: ¿qué tipo de democracia es posible cuando la mayoría de la sociedad no encuentra un lugar dentro del sistema político?

Entre el intento de borrarnos y las nuevas formas de resistir.

La resistencia no debe verse empañada por las imágenes del autoritarismo que, bajo el traje blanco del “sistema electoral”, pretende mantener confusión y divisiones. En América Latina, donde los pueblos cargan siglos de represión pero también de lucha, debemos recordar que la defensa de lo común y de los derechos humanos sigue siendo la clave para enfrentar las nuevas formas del poder autoritario.

Es tarea de todos los sectores revisar las estrategias de resistencia ante las nuevas formas de autoritarismo: desde la sociedad civil, mantenerse organizada y vigilante para adaptarse; desde la ciudadanía, no dejarse silenciar; y desde los demás países, denunciar los abusos. Cuando los autoritarismos se normalizan y pretenden convencernos de que su “juego” es el correcto, debemos recordar que la democracia no se reduce a las reglas electorales, sino que también encarna valores: dignidad, solidaridad, libertad e igualdad, entre otros. Defender esos valores —aunque parezca poco— es ya una forma de resistir. En un país que ya no atraviesa una crisis, sino que vive en crisis, la comunidad se vuelve esencial, porque ahí resiste la esperanza.