Deportar no es una política migratoria

El 24 de agosto, durante un Consejo de Seguridad en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar y deportar a personas extranjeras en situación migratoria irregular. Según el mandatario, la prioridad serían quienes estén involucrados en actividades delictivas y, en segundo lugar, quienes no tengan regularizada su situación migratoria. El anuncio estuvo acompañado por la frase: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.

El Estado tiene facultades para controlar sus fronteras, definir requisitos de ingreso y permanencia y adelantar procedimientos de deportación o expulsión en los casos establecidos por la ley. El problema aparece cuando la irregularidad migratoria empieza a tratarse, en el discurso y en la práctica, como un asunto equivalente a la criminalidad y cuando la deportación se presenta como la principal respuesta frente a un fenómeno complejo.

Una política migratoria necesita reglas. Pero también garantías, caminos para alcanzar la regularidad y respuestas que reconozcan las razones por las que las personas migran y la realidad de quienes ya hacen parte de la sociedad colombiana.

La irregularidad migratoria no es un delito

Una persona puede estar en situación migratoria irregular sin haber cometido un delito. La irregularidad es una condición administrativa: significa que, en determinado momento, la persona no cuenta con alguno de los permisos, visas o autorizaciones exigidos para ingresar o permanecer regularmente en el país.

Por eso, no puede equipararse por sí misma con una conducta criminal ni utilizarse para presumir que una persona representa una amenaza para la seguridad. En una recomendación conjunta reciente, dos comités de Naciones Unidas fueron explícitos al señalar que el estatus migratorio irregular no debe ser presentado como una amenaza para la seguridad pública ni equiparado con un comportamiento criminal. También han advertido sobre la responsabilidad de los Estados de transformar las narrativas que alimentan la xenofobia y la discriminación.

La distinción es especialmente importante cuando la migración aparece en el debate público vinculada de manera reiterada con delincuencia, inseguridad y orden público. Cuando estas categorías se mezclan, la sospecha puede desplazarse desde las conductas individuales hacia grupos enteros definidos por su nacionalidad, su apariencia, su acento o su situación documental.

Esa percepción ya tiene un terreno fértil en Colombia. Según datos de Latinobarómetro 2020 analizados por el BID y el PNUD, el 69% de las personas encuestadas en Colombia consideraba que la migración aumentaba la delincuencia. Sin embargo, la misma investigación señala que estudios realizados en Colombia no encontraron que la inmigración hubiera provocado un aumento del crimen.

Los delitos tienen responsables individuales. No tienen nacionalidad.

Colombia ya deportaba

Las deportaciones y expulsiones de personas extranjeras no comenzaron con este Gobierno. Entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026, Migración Colombia registró 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones, de acuerdo con el balance de cierre presentado por la entidad.

Lo novedoso, por tanto, no es la existencia de estas medidas administrativas. El cambio estaría en convertir los operativos policiales y las deportaciones de personas en situación irregular en uno de los ejes visibles de la política migratoria y de seguridad.

Esto contrasta con otro camino que Colombia también construyó durante la última década: el de intentar ampliar las posibilidades de regularización de la población venezolana.

En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), al que posteriormente se sumaron nuevas fases y mecanismos, entre ellos el PEP-RAMV.

En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), cuyo principal instrumento fue el Permiso por Protección Temporal (PPT). A julio de 2026, Migración Colombia reportaba más de 2,32 millones de PPT entregados desde la creación del mecanismo.

Durante el gobierno de Gustavo Petro continuó la implementación del Estatuto y se crearon mecanismos adicionales para poblaciones que habían quedado por fuera de las vías anteriores. Entre ellos están el PEP Tutor, dirigido a determinadas personas venezolanas que representan o tienen bajo su custodia a niñas, niños y adolescentes, y la Visa V–Visitante Especial, creada en diciembre de 2024 como un mecanismo transitorio de normalización para una parte de la población venezolana adulta en situación irregular.

Fueron medidas distintas, con requisitos, coberturas y alcances diferentes. Pero durante tres gobiernos hubo una idea que permaneció: para gestionar la irregularidad no basta con sancionarla, es necesario crear caminos para salir de ella.

El problema es que esos caminos siguen siendo excepcionales

Colombia ha construido ventanas importantes de regularización, pero muchas han sido temporales, extraordinarias o dirigidas a poblaciones y coyunturas específicas. No se consolidó, en cambio, un mecanismo amplio y permanente al que pueda acudir cualquier persona que lleve años viviendo en el país y se encuentre en situación irregular.

Hoy todavía existen algunas rutas, pero todas dependen de condiciones particulares.

El acceso inicial al PPT está actualmente habilitado para niñas, niños y adolescentes venezolanos vinculados al sistema educativo colombiano o a programas del ICBF.

El PEP Tutor puede beneficiar a representantes legales o custodios venezolanos de niñas, niños y adolescentes que cumplen los requisitos establecidos por el mecanismo. Migración Colombia amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para solicitarlo.

La Visa V–Visitante Especial fue creada específicamente como un proceso transitorio de regularización. Está dirigida a nacionales venezolanos que se encontraban en Colombia y habían ingresado antes del 4 de diciembre de 2024, siempre que cumplan los demás requisitos. Tiene una vigencia de dos años, se concede por una sola vez y permite, entre otras cosas, trabajar y estudiar formalmente.

También existen las categorías ordinarias de visa para quienes cumplen requisitos relacionados, por ejemplo, con vínculos familiares, trabajo, actividades profesionales, inversión u otras circunstancias previstas en la regulación. A ellas se suman la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado para quienes requieren protección internacional y los salvoconductos previstos para determinadas situaciones administrativas.

Estas vías existen y pueden ser decisivas para quienes cumplen sus condiciones. El problema es que no conforman un mecanismo general, permanente y accesible para todas las personas que actualmente se encuentran en situación irregular.

Por eso, decir simplemente que una persona debe “regularizarse” omite una parte fundamental del problema: ¿qué camino concreto le ofrece el Estado para hacerlo?

Las razones para migrar tampoco han desaparecido

El endurecimiento de una política migratoria no hace desaparecer las condiciones que llevan a las personas a desplazarse.

Después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela el 24 de junio de 2026, UNICEF estimó que 1,8 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, entre ellas 680.000 niñas y niños.

Un mes después, cerca de 23.100 personas permanecían en campamentos transitorios en La Guaira, Distrito Capital, Miranda y Aragua, mientras persistían afectaciones relacionadas con desplazamiento, daños en infraestructura e interrupciones de servicios básicos.

Esto no significa que todas las personas afectadas vayan a migrar hacia Colombia. Sin embargo, cerrar caminos de regularización no elimina las circunstancias económicas, políticas, sociales, familiares o humanitarias que producen movilidad humana.

Deportar exige debido proceso

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es Estado parte, prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. También establece que una persona extranjera no puede ser devuelta a un país donde su vida o libertad estén en riesgo por determinados motivos protegidos.

La prohibición de una expulsión colectiva no depende solamente del número de personas deportadas al mismo tiempo. La Comisión Interamericana ha explicado que lo determinante es que exista un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada persona. Una decisión basada únicamente en consideraciones sobre un grupo, sin estudiar cada caso, puede convertirse en una expulsión colectiva y arbitraria.

A ello se suma el principio de no devolución. Para las personas refugiadas, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 protege, con las excepciones previstas en el propio tratado, frente al retorno a territorios donde su vida o libertad puedan estar amenazadas por motivos protegidos por la Convención.

Cualquier procedimiento debe, por tanto, respetar garantías de debido proceso, permitir que cada persona conozca y controvierta la decisión y evaluar si existen necesidades de protección, vínculos familiares u otras circunstancias relevantes antes de ejecutar una medida de expulsión o deportación.

La migración bajo el lente de la seguridad

El giro anunciado en Colombia tampoco ocurre de manera aislada. En distintos países de la región la política migratoria ha adquirido un énfasis creciente en seguridad, control fronterizo, restricciones de ingreso y deportaciones.

En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei modificó en 2025 el régimen migratorio para endurecer requisitos de ingreso y permanencia y establecer nuevas condiciones para el acceso de personas extranjeras a determinados servicios.

En Panamá, el gobierno de José Raúl Mulino convirtió la reducción de los cruces por el Darién en una prioridad. Desde 2024 implementó cierres de rutas y vuelos de deportación financiados por Estados Unidos como parte de su estrategia de contención migratoria.

Mirar la migración exclusivamente a través de una lente de seguridad tiene consecuencias. Cuando Policía, delincuencia, irregularidad y migración aparecen permanentemente asociadas, pueden aumentar los riesgos de controles basados en nacionalidad o apariencia, discriminación y xenofobia, uso desproporcionado de la fuerza y temor de las personas migrantes a acudir a instituciones públicas.

Estas consecuencias tampoco se distribuyen de manera uniforme. Mujeres, niñas y niños, personas LGBTIQ+, personas racializadas, personas con discapacidad y quienes necesitan protección internacional pueden  enfrentar barreras y riesgos adicionales.

Las personas migrantes ya hacen parte de Colombia

La frase “primero los colombianos” plantea además una división engañosa entre una sociedad colombiana que recibiría derechos y recursos, y una población migrante que únicamente los demandaría.

Las personas migrantes no están por fuera del funcionamiento económico y social del país. Trabajan, emprenden, consumen bienes y servicios, pagan impuestos y participan en las economías locales. Un análisis reciente del BID, basado en estimaciones de la OIM, señala que hacia 2024 las personas migrantes venezolanas habrían contribuido aproximadamente 529 millones de dólares en impuestos sobre la renta en Colombia. El mismo organismo destaca que la regularización facilita el acceso al empleo formal, la seguridad social y mayores contribuciones fiscales.

También participan de una dimensión menos visible de la economía: el cuidado. La OIT ha señalado que el 91 % de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia realiza labores domésticas o de cuidado no remuneradas y dedica, en promedio, 27 horas semanales a estas tareas.

Ampliar la regularización puede mejorar las condiciones laborales y el acceso a servicios de las personas migrantes y, al mismo tiempo, favorecer su incorporación productiva y fiscal a la sociedad que las recibe.

Una política migratoria es más que controlar fronteras

Colombia necesita reglas para gestionar la migración. También necesita instituciones capaces de aplicarlas y mecanismos efectivos para responder a problemas de seguridad cuando existen conductas delictivas.

Una política migratoria con enfoque de derechos debería ampliar vías permanentes y accesibles de regularización; diferenciar con claridad migración, irregularidad y delito; garantizar el debido proceso ante cualquier deportación o expulsión; proteger a quienes necesitan refugio u otras formas de protección internacional; facilitar el acceso al trabajo formal y a derechos; y reconocer las contribuciones económicas, sociales y de cuidado de las personas que ya viven en el país.

Colombia acumuló durante una década aprendizajes importantes sobre regularización e integración. Incluso con sus límites, esa experiencia mostró que documentar a las personas, conocer quiénes son y facilitar su incorporación a la institucionalidad también puede fortalecer la capacidad del Estado para gestionar la migración.

Deportar puede ser una medida prevista por la ley en casos determinados. Pero no puede sustituir una política migratoria.