The conflict has new elements and, paradoxically, the Constitutional Court can emerge stronger after all.

El reciente enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura expresa en realidad dos disputas diferentes. Una corresponde al ya conocido “choque de trenes” entre las altas cortes por la tutela contra decisiones judiciales.

A ese viejo debate se suman dos elementos nuevos: las investigaciones sobre la ‘parapolítica’ y las sospechas de que la Sala Disciplinaria no es un tribunal independiente sino fuertemente influido por la coalición gubernamental. El órgano que debería resolver el lío es la Corte Constitucional, que se podría ver fortalecida institucionalmente. Veamos esos embrollos.

El viejo choque de trenes La disputa entre las cortes por la tutela contra sentencias lleva años. El origen del debate es que la Corte Suprema considera que sus sentencias son definitivas y no pueden ser revisadas por nadie, mientras que la Corte Constitucional argumenta que, en casos muy excepcionales, una eventual revisión por tutela es necesaria, porque los jueces pueden violar derechos fundamentales y debe existir un órgano (la propia Corte Constitucional) que unifique la interpretación de esos derechos.

Según el decreto 1382 del 2000, la misma Corte Suprema debía decidir las tutelas contra sus sentencias. Así, la Sala Penal estudiaba las tutelas contra las decisiones de la Laboral; la Laboral, las de la Civil; y la Civil, aquellas de la Penal. Y una vez decididas, las tutelas debían ser enviadas a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Pero la Corte Suprema se negó a tramitar las tutelas interpuestas contra sus sentencias, lo cual dejaba en el limbo a los peticionarios, cuyas solicitudes no eran siquiera estudiadas. Frente a esa situación, la Corte Constitucional respondió, en 2004 (autos 04 y 011), permitiendo que la Sala Disciplinaria estudiara las tutelas contra las decisiones de la Corte Suprema. Ese fue el momento más duro del enfrentamiento entre las cortes.

Desde entonces, los ánimos habían bajado y hubo acercamientos. Varias salas de la Corte Suprema empezaron a estudiar el fondo de las tutelas interpuestas contra las sentencias de ese tribunal. Por su parte, la Corte Constitucional modificó su reglamento y señaló que las tutelas contra sentencias de la Corte Suprema o del Consejo de Estado serían decididas por la Sala Plena, esto es, por los nueve magistrados y no por salas de tres, como se había hecho en el pasado. La Corte Constitucional enfatizaba así que sólo muy excepcionalmente dejaría sin efecto, por tutela, una decisión de la Corte Suprema.

Pero la Sala Civil de la Corte Suprema sigue sin tramitar las tutelas contra las decisiones de la Sala Penal. Son justamente estas tutelas las que llegaron a la Sala Disciplinaria y que produjeron la actual controversia. Si la Sala Civil las hubiera tramitado, el asunto habría sido decidido por la propia Corte Suprema, con la eventual revisión de la Corte Constitucional. En cierto sentido, la Corte Suprema ha sido víctima de esa negativa de su propia Sala Civil.

Los nuevos elementos Ahora la cosa se complica por las investigaciones de la parapolítica y la recomposición de la sala disciplinaria.

Las tutelas de la Sala Disciplinaria que han generado el actual enfrentamiento favorecen a miembros de la coalición del Gobierno o a procesados por la ‘parapolítica’.

La primera ordenó modificar la sentencia de la Corte Suprema que había mencionado al ministro Diego Palacios como partícipe del delito de la ‘Yidispolítica’. La segunda anuló el proceso que la Sala Penal seguía contra Iván Díaz Mateus y ordenó su libertad. Y la última, que disparó la polémica, revocó la condena de la Corte Suprema contra la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez y la dejó en libertad.

Es cierto que la Sala Disciplinaria ha proferido otras decisiones que niegan una tutela a acusados o condenados por la parapolítica, pero lo anterior no ha sido suficiente para frenar la especulación sobre la cercanía de ese tribunal a la coalición de Gobierno.

La Sala Disciplinaria está compuesta por magistrados que son nombrados por el Congreso de ternas del Presidente. Todos los magistrados actuales fueron recientemente elegidos y, según investigaciones académicas y periodísticas, el principal criterio para seleccionarlos fue su adscripción partidista: cada partido de la coalición de Gobierno propuso una o dos ternas y el Presidente las aceptó. Así, cada partido de la coalición parece tener a su magistrado en la Sala Disciplinaria. Además, Noticias Uno ha señalado que algunos de estos magistrados tienen vínculos con congresistas investigados penalmente o involucrados en la ‘parapolítica’.

Esta sospecha de cercanía de la Sala Disciplinaria al Congreso que la eligió se ve reforzada por algunas declaraciones de sus magistrados. Por ejemplo, Ovidio Claros, presidente de la Sala, afirmó, el día de su elección. que él siempre estaría “atento a lo que se diga en este Congreso” y concluyó: “Muchas gracias de verdad y los quiero mucho”.

El futuro Aún no hemos tenido acceso a varias de las tutelas proferidas por la Sala Disciplinaria. No podemos, entonces, afirmar si son o no adecuadas; pero, en todo caso, la Corte Constitucional puede (y obviamente debería) revisar esas decisiones. Por ello, si ha habido una extralimitación de la Sala Disciplinaria, la Corte Constitucional, que a pesar de su recomposición sigue mostrando notable independencia, puede atajar esos abusos y permitir que los procesos por la ‘parapolítica’ sigan en buen curso.

El posible ganador de esta contienda puede ser, entonces, paradójicamente, alguien que por ahora no ha entrado a la confrontación: la Corte Constitucional. Su papel como intérprete último de los derechos fundamentales se puede ver consolidado.

Supposedly, Colombia is a secular country. That is, separation of Church and State. Nevertheless, in practice, it is now frequent to see more politicians behaving like priests, like President Uribe and the Inspector General.

One of Colombia’s most important newspapers, EL TIEMPO, lost credibility when it fired one of her star columnists, Claudia López. It deprived itself from one of it’s top opinion makers and considerably reduced its pluralism

Colombia could be close to joining the list of countries that allow adoption by same-sex couples

I am saying to show how old the debate over public universities is and how little progress we have accomplished in the solution of this problem.

This public intervention presents the reasons why the Constitutional Court should not declare itself inhibited when deciding the present case. Instead, it suggests the Court to order the issuing of a public policy that guarantees integral and collective reparation for the African descendant population in Colombia who suffered the crime of slavery. The mentioned repation policy should not take place before previous consultation with the affected communities is carried out.