Ideas para desafiar políticas de seguridad que implican un castigo extra para las mujeres

El incremento del encarcelamiento de mujeres en América Latina por delitos menores ha alcanzado niveles críticos. Los datos del ICPR, en la edición 14 de World Prison Population List, indican que el encarcelamiento de esta población aumentó 212 % entre 2000 y 2024. Esto es un síntoma de una política de persecución penal que, lejos de erradicar los mercados ilícitos y el crimen, ha fragmentado las redes delictivas haciéndolas más violentas y ensañándose con las poblaciones más vulnerables. 

Si consideramos que esta represión recae mayoritariamente sobre mujeres que tienen roles de cuidado en sus comunidades, el problema adquiere una dimensión ética y social que el Estado no puede ignorar. Y, en un contexto regional donde los discursos de seguridad giran nuevamente hacia posturas punitivas, se hace urgente discutir el impacto real de estas medidas. 

Para aportar a este debate, las organizaciones que integramos el Grupo de Trabajo Mujeres, Política de drogas y Encarcelamiento presentamos la investigación Castigo extra: violencia hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado. Este informe recoge casos de Argentina, Colombia y México para exponer cómo las políticas de seguridad crean estados de excepción en los cuales los derechos humanos de las mujeres son suspendidos en nombre de una dudosa eficacia. Estas políticas se aplican sin un enfoque de género y el objetivo con este documento es evidenciar las afectaciones diferenciales que viven las mujeres y sus familias.

La urgencia de un debate regional

La investigación se publica en un momento de transformaciones políticas profundas que exigen una revisión de las tácticas de control estatal. Para Diana Guzmán, directora de Dejusticia, el documento arroja claridades sobre las sombras de las políticas de seguridad que han ignorado sistemáticamente las realidades diferenciadas de las mujeres. 

Guzmán señala que el informe trae evidencia empírica sobre cómo la lucha contra el crimen organizado afecta desproporcionadamente a esta población: “Este es un momento fundamental que nos obliga a discutir de nuevo qué significa hablar de seguridad y cuáles son los impactos de las políticas de seguridad”.

El fracaso de la represión

Marie Nougier, líder de Investigaciones y Comunicaciones del Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC), advierte que el enfoque actual de las políticas de seguridad no solo vulnera derechos, sino que ha fallado en sus objetivos técnicos de reducción del mercado ilícito de drogas. La persistencia en modelos punitivos, sostiene, solo ha logrado que los mercados sean más complejos y peligrosos para las mujeres y sus familias. 

“Hace unos días se publicó el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que muestra que el número de personas que consumen drogas a nivel global ha aumentado un 34% en la última década. Vemos entonces que esta política no ha tenido el impacto buscado”, dice Nougier.

El cuidado como motor de riesgo

Uno de los hallazgos más reveladores del informe es la multicausalidad en el ingreso de las mujeres a estructuras criminales, muchas veces vinculada a la falta de opciones en el mercado laboral formal y la carga de cuidados. Geras Contreras, quien lideró la investigación, explica que el crimen organizado aparece frecuentemente como una «economía flexible» para quienes deben atender a hijos, adultos mayores u otras personas dependientes. 

“Fue revelador constatar que muchas mujeres acceden a estos grupos por proximidad: porque es el negocio familiar, porque accedieron a través de una pareja, pero también por invitación de una suegra o un cuñado (…) Estos trabajos, que suelen ser en roles administrativos, les resultan más estables, les proveen más información y mayor seguridad sobre cómo defenderse en caso de detención, a diferencia de la poca información con la que cuentan las mujeres que ingresan al crimen organizado por otras vías”, señala Contreras.

La trampa del «todo vale» en nombre de la seguridad

Desde la perspectiva de Argentina, Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, denuncia que la persecución al crimen organizado se ha convertido en una excusa para desmantelar garantías constitucionales, especialmente en los barrios más empobrecidos. 

Para la investigadora, la narrativa de «guerra» permite que el Estado opere bajo una lógica de excepción permanente que fractura el tejido social. Fernández resaltó la necesidad de poner límites a esta discrecionalidad. Además, señala que “la perspectiva de género no puede dejarse de lado bajo el pretexto de estar persiguiendo al crimen organizado”.

Justicia basada en estereotipos

La realidad en los tribunales refleja una carencia profunda de análisis interseccional, donde los jueces a menudo juzgan basándose en prejuicios sobre el ideal de la “mujer bien comportada”. Yenifer Yiseth Suárez Díaz, Juez Tercera Penal del Circuito con Función de Conocimiento-Soacha, subraya que el discurso de seguridad ha tomado fuerza en los despachos judiciales, resultando en procesos de disciplinamiento más que de justicia. 

“Existe un proceso de disciplinamiento que atraviesa todo el proceso penal, con expresiones como: no le puedo dar un beneficio domiciliario, porque usted ya estaba traficando en su casa, eso significa que va a seguir traficando y va a seguir siendo un peligro para sus hijos, contrario a lo que se espera de una ‘buena madre’, es decir, todo el estereotipo de mujer”, dice Suárez. 

Réditos políticos y deshumanización

Nicolás Santamaría Uribe, profesor de la Universidad de los Andes, alertó sobre la instrumentalización del derecho penal para ganar apoyo popular a costa de deshumanizar a la población carcelaria. 

“En la región hay tres tendencias que se vienen agudizando: la instrumentalización del derecho penal para obtener réditos políticos; la proliferación de discursos de política criminal basados más en prejuicios que en evidencia empírica; y la continuidad de asumir que la política criminal es neutral”, indica Santamaría.

¿Cómo desafiar este diagnóstico?

• Retornar a los principios de legalidad y proporcionalidad: es fundamental que las políticas de seguridad respeten estrictamente los límites de la necesidad y la transparencia, evitando que el concepto de «crimen organizado» funcione como un justificante para suspender las garantías constitucionales de las mujeres.

• Integrar una perspectiva de género real en el sistema judicial: se requiere aplicar un análisis interseccional en todas las etapas del proceso penal para que los jueces dejen de utilizar estereotipos discriminatorios y prejuicios al momento de decidir sobre capturas o beneficios carcelarios.

• Garantizar la participación de las organizaciones de mujeres: resulta indispensable abrir espacios de incidencia real para que la sociedad civil y los colectivos de mujeres participen directamente en la formulación de las políticas criminales, asegurando que las decisiones estatales no se tomen de espaldas a sus realidades y necesidades.

• Implementar la observación judicial sistemática: es necesario que la sociedad civil realice un seguimiento riguroso de las audiencias y sentencias para identificar fallas en la defensa técnica y denunciar actos de tortura o tratos crueles que ocurren bajo la narrativa de la seguridad pública.

Sobre todas estas ideas y de manera ampliada conversamos el pasado 30 de junio en un conversatorio en el que presentamos nuestro informe Castigo extra: violencia hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado. Para conocer en detalle lo que dijo cada una de las invitadas, le invitamos a revivir aquí este diálogo:

De igual manera, puede acceder a nuestra investigación, que recoge los hallazgos documentados entre 2025 y 2026 en Argentina, Colombia y México, así como nuestras conclusiones en la materia, a través de este enlace.