La discriminación decide quién puede viajar

Las fronteras no solo se marcan en los mapas; también existen en prácticas, decisiones y miradas que, muchas veces, resultan invisibles para quienes no las atraviesan. Recientemente, una delegación proveniente de Siria vivió esta realidad al intentar viajar a Colombia para participar en un intercambio sobre experiencias de justicia transicional. Los participantes contaban con todos los requisitos exigidos: visa colombiana aprobada, tiquetes de ida y regreso, póliza de seguro, carta de invitación y reserva de hospedaje confirmada. Sin embargo, durante la escala en Estambul fueron retirados de la fila de abordaje uno por uno y separados del resto de pasajeros, tomando como único criterio su nacionalidad.  

Solo después de que el avión cerró sus puertas, el personal de la aerolínea informó que no podían abordar hasta recibir un supuesto correo de autorización por parte de la “Policía de Fronteras de Colombia”. Una exigencia adicional que no provenía de la autoridad migratoria colombiana y que dejó a siete personas sin respuestas durante horas en un aeropuerto lejos de sus hogares.

Gracias a la paciencia de los siete viajeros sirios, al apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería colombiana y a la persistencia del equipo organizador de Dejusticia, en el marco de un proyecto financiado por una fundación filantrópica aliada, tras casi 24 horas de llamadas, correos electrónicos y gestiones ante distintas autoridades colombianas y ante la aerolínea, finalmente se logró que la delegación pudiera abordar un vuelo posterior hacia Colombia. No sin antes tener que pagar una penalidad, pese a que todo fue producto de la decisión inicial de la aerolínea de impedir el abordaje bajo un único criterio: la nacionalidad de los pasajeros. 

En nuestro trabajo, especialmente en mi rol de coordinador logístico encargado de los procesos de viajes de Dejusticia, es frecuente encontrarnos con toda suerte dificultades que impiden el libre tránsito de distintas personas, principalmente del Sur Global. Demoras excesivas en los procedimientos de expedición de visas e incluso decisiones que parecen arbitrarias por no tener un sustento jurídico claro. Pero ahora, también tenemos que enfrentarnos a actos de discriminación por parte de aerolíneas que, en este caso, actuaron como las nuevas autoridades migratorias.

Este episodio invita a una reflexión que sabemos es permanente y urgente: ¿hasta qué punto los controles fronterizos están atravesados por prejuicios? Ya no es suficiente cumplir con los requisitos que exigen las autoridades migratorias de un país; y, en todo caso, en ocasiones son esos mismos requisitos los que imponen barreras a la movilidad de las personas. A ello se suma la incertidumbre de que cualquier otra razón pueda dar lugar a nuevas barreras y tratos desiguales. Cuando los controles se convierten en escenarios de arbitrariedad, se reproduce una forma silenciosa de discriminación que limita el intercambio cultural, académico y humano entre sociedades.

En los controles migratorios pueden aparecer barreras que no están escritas en ninguna ley, pero que se imponen con fuerza a través de decisiones arbitrarias, sospechas infundadas o prejuicios profundamente arraigados. En pleno siglo XXI seguimos siendo testigos de cómo la discriminación condiciona la movilidad de las personas. La apariencia física, la religión, la nacionalidad, el origen étnico o el color de piel la motivan y toman la forma de controles excesivos sin justificación clara.  Mientras algunos pasajeros transitan sin mayores cuestionamientos, otros deben demostrar una y otra vez que no son un riesgo para nadie y que merecen cruzar. Ese doble estándar no solo retrasa itinerarios; también afecta la dignidad de quienes son sometidos a un escrutinio permanente y desproporcionado.

Hablar de movilidad humana es hablar de derechos. Y esos derechos no pueden quedar supeditados a prejuicios, perfiles raciales o decisiones arbitrarias tomadas en un mostrador de abordaje. Debemos seguir exigiendo a los Estados el respeto de los derechos migratorios, pero también cuestionar el poder de actores privados que, sin competencia legal, imponen barreras que reproducen exclusión. Porque cuando se discrimina a una persona por su nacionalidad para impedirle viajar, no solo se vulnera su tránsito: se debilita el principio mismo de igualdad.