Viena no es el escenario donde se transforma la política de drogas. Pero sí es donde se fijan los límites de lo posible. Colombia ha demostrado que esos límites se pueden mover.

En los controles migratorios pueden aparecer barreras que no están escritas en ninguna ley, pero que se imponen con fuerza a través de decisiones arbitrarias, sospechas infundadas o prejuicios profundamente arraigados.

La defensa de la Constitución de 1991 no debe cerrar las puertas a reformas constitucionales. Lo que debe promover es la posibilidad de deliberación, participación y construcción de acuerdos.

El proyecto de ley para poner a marchar la jurisdicción agraria está estancado. Corre el riesgo de hundirse ya que debe ser aprobado antes del 20 de junio. La cosa podría complicarse más por cuanto la Corte Suprema de Justicia propuso múltiples reformas al proyecto.

En democracia, quienes aspiran a gobernar deben explicar no solo qué consideran legal, sino también qué límites éticos reconocen frente al poder.

Los niños expuestos a publicidad de ultraprocesados tienen una tendencia mayor a consumir los productos que se les ofertan.

Este proyecto posibilita un cambio total de Constitución en tres meses. Y, en este ambiente polarizado, podemos perder los importantes avances democráticos.

El boom de la metanfetamina está ocurriendo en un entorno de desinformación y ausencia de datos en Colombia. La salud pública está en deuda por entender y atender este fenómeno, antes que los impactos sanitarios y sociales se desborden.

Quienes dicen que el centro político es tibio aluden, sin reconocerlo, a que los centristas no se dejan llevar por los sesgos de la mente que conducen al nocebo; aluden, en fin, a que, si bien son menos combativos, son más realistas.