Esta distinción permite organizar las posiciones políticas en un eje según sean más igualitarias y defensoras del papel redistributivo del Estado (izquierda) o menos igualitarias y más favorables al mercado (derecha).

Las claridades que parece dar la Corte pueden evitar que la JEP se aleje de sus objetivos de dar el cierre jurídico al conflicto político entre el Estado y las Farc, de garantizar seguridad jurídica a todas las partes y de satisfacer en el mayor grado posible el derecho a la justicia.

La justicia transicional enfrenta situaciones complejas: intenta que las transiciones de la guerra a la paz se hagan con justicia, pero después de una historia de atrocidades masivas resulta muy difícil, prácticamente imposible, juzgar a todos los victimarios.

¿Será que el contenido que vemos es tan interesante como para permanecer tantas horas en línea? ¿El diseño de las redes sociales nos está produciendo algo parecido a una adicción?

Núremberg, la película en cartelera, y las aterradoras amenazas del presidente Trump de que destruirá a Irán, muestran dos dimensiones contradictorias de Estados Unidos.

La política ya no compite con ideas, sino con disparates: en una era saturada de información, la mentira no solo sobrevive, sino que gana elecciones.

Es importante recordar que las decisiones fiscales de un país pueden afectar los derechos de personas en otros territorios y que, por tanto, la cooperación para combatir la evasión y la elusión internacional, así como el intercambio efectivo de información tributaria entre Estados, no son opciones políticas secundarias, sino condiciones esenciales de un sistema más justo.

Mientras la aristocracia tecnológica posa en la posesión de Trump II, las jurisdicciones de diferentes países intentan definir las responsabilidades de las grandes plataformas.

El gobierno tiene derecho a no compartir el análisis y la decisión de la Junta del Banco de la República, pero no puede pretender que ésta se someta a los criterios presidenciales ya que esto acabaría con su autonomía, que la Constitución protege para preservar la estabilidad monetaria.