¿Para qué una justicia internacional?

Limitar el poder de los Estados y promover la seguridad colectiva. Esa es la promesa con la que nació la justicia internacional, sustentada en un sistema multilateral, que pretende que hechos violentos como la Segunda Guerra Mundial no se repitan. Sin embargo, ese orden que busca el equilibrio hoy se está debilitando y atraviesa una crisis de legitimidad y eficacia. La competencia entre potencias, el auge del nacionalismo, la politización de las instituciones y las limitaciones estructurales de los tribunales son algunas de las barreras que explican este fenómeno.

La nueva investigación de Dejusticia “Las barreras de la justicia internacional ante violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales y la experiencia de Colombia y Venezuela”, publicada con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, analiza estos obstáculos que han terminado debilitando la capacidad para garantizar la rendición de cuentas de los Estados y la reparación efectiva a las víctimas, concentrándose en los casos de Colombia y Venezuela. 

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Se ha atacado la credibilidad de instituciones como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), que ahora no depende de sus mandatos jurídicos, sino de la voluntad política de los Estados de cumplir sus resoluciones. Tal es el caso de las órdenes no ejecutadas de la CIJ contra Rusia (2022) e Israel (2024). Una muestra del rechazo a la justicia internacional, cuyos intentos sistemáticos pretenden deslegitimar a los tribunales internacionales como instituciones, y para nada constituyen una crítica constructiva dentro del discurso jurídico aceptado.

Ahora los Estados ya no solo rechazan la legalidad de plano, sino que tratan de renegociar sus límites para recuperar la autonomía política, como sucedió con Trinidad y Tobago, Perú, República Dominicana y Venezuela, que impugnaron o se retiraron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuando las sentencias del tribunal regional entraron en conflicto con las prioridades políticas nacionales, como la pena capital o la autoridad ejecutiva.

Como dirían los autores Sulzer y Guéhenno, esta politización de los fines de la justicia transforma el derecho en un performance y, además, socava la universalidad normativa de la justicia internacional.

Sumado a esto, está la tensión entre el derecho y la política que enfrenta la justicia internacional. Aunque tribunales como la CPI y la CIJ buscan actuar de manera imparcial, en la práctica parece existir una aplicación selectiva de la justicia. Se ha utilizado el veto para bloquear iniciativas de investigación en casos como Siria y Myanmar, mientras que se han impulsado remisiones en situaciones que involucran principalmente a países africanos. Estas dinámicas refuerzan la percepción de que la justicia internacional no opera en un terreno neutral, sino en un espacio vulnerable a las disputas de poder.

También están las debilidades estructurales que afectan la efectividad de los tribunales internacionales: los límites al alcance de la jurisdicción, la imposible ejecución forzosa de las decisiones judiciales y los problemas operativos y presupuestales. 

Las experiencias de Colombia y Venezuela permiten ver de forma más clara cómo funcionan, en la práctica, los mecanismos de justicia internacional. Aunque ambos países han acudido a instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, la investigación de Dejusticia concluye que los resultados han sido muy diferentes debido a sus contextos políticos e institucionales. 

La experiencia de Colombia muestra que la justicia internacional puede ayudar a impulsar cambios reales cuando existen instituciones dispuestas a responder. La presión de la Corte IDH y de la Corte Penal Internacional contribuyó a fortalecer mecanismos internos de justicia, promover reformas y avanzar en la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Aunque los procesos han sido lentos y no han estado libres de obstáculos, el caso colombiano es visto como un ejemplo de cómo la vigilancia internacional puede complementar y fortalecer la respuesta del Estado.

En Venezuela, la situación ha sido muy distinta. En 2012, el gobierno de Hugo Chávez retiró al país de la jurisdicción de la Corte IDH, argumentando que sus decisiones afectaban la soberanía nacional y cuestionando su legitimidad. El deterioro institucional, la falta de independencia judicial y la confrontación del Estado con los organismos internacionales han dificultado el acceso a la justicia. Aun así, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han acudido a instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, a denunciar violaciones y buscar verdad y reparación. Pese a todas las barreras y tensiones políticas, la justicia internacional sigue siendo una de las pocas vías disponibles frente a la impunidad.

Es cierto que la justicia internacional enfrenta un momento de redefinición y la crisis del multilateralismo ha puesto en evidencia su dependencia de la voluntad política de los Estados, su vulnerabilidad ante las tensiones geopolíticas y limitaciones para adoptar decisiones que combatan la impunidad y que sean eficaces. Pero sigue siendo en muchos escenarios la única salida a la impunidad. 

Por eso, es necesario robustecer la justicia internacional, ya que es la última esperanza en entornos con sistemas de justicia inoperantes. Superar las barreras requiere repensar el modelo de justicia global desde la legitimidad, la participación y la sostenibilidad, y con autonomía de los órganos de justicia frente a los cambios geopolíticos y frente a la resistencia de los gobiernos de turno. Para que, de nuevo, la jurisdicción internacional sea percibida como lo que es, una búsqueda neutral de la justicia, en lugar de una intromisión en la soberanía. 

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