Volver a fumigar con glifosato u otro químico no es una decisión que pueda tomarse a la ligera

La discusión sobre las fumigaciones con glifosato no es nueva en Colombia, aunque por estos días, con el cambio de gobierno, ha vuelto a estar sobre la mesa. Después de años de debates, decisiones judiciales y preocupaciones por sus impactos en la salud y el ambiente, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado su intención de retomar la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersiones y ha hablado de utilizar un “eco herbicida”. El gobierno pretende usar un nuevo químico, intención que debe dar paso al discusión y evaluación de un plan de manejo ambiental por parte de las autoridades, el cual debe respetar derecho como la participación y la consulta previa.

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La historia del glifosato en Colombia es larga y nos permite entender por qué esta discusión de las aspersiones es relevante. Por eso, escribimos un capítulo de “Derecho en breve”, Glifosato en Colombia: tensiones y condiciones para asperjar, que pretende explicar las condiciones para que  estas dos formas de erradicación forzada operen en el país. En 1992, el Gobierno autorizó por primera vez el uso de este herbicida mediante aspersión aérea para erradicar cultivos de amapola y luego se creó formalmente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig), que durante las siguientes décadas se convirtió en una de las principales estrategias de la política antidrogas.

Pero las aspersiones aéreas se suspendieron en 2015, después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificara el glifosato como “probablemente cancerígeno”. En 2017, además, la Corte Constitucional estableció siete condiciones que el Estado debe cumplir si pretende reactivar las fumigaciones aéreas. La decisión respondió a una tutela presentada por afectaciones a los derechos de comunidades de Nóvita, Chocó, entre ellos la salud, la consulta previa, la identidad cultural y la autodeterminación.

Esas condiciones siguen vigentes. La Corte estableció, entre otras cosas, que cualquier decisión debe partir de una evaluación permanente de los riesgos para la salud y el ambiente, apoyarse en investigación científica rigurosa, imparcial y de calidad, contar con mecanismos independientes de queja y demostrar, con evidencia objetiva y concluyente, la ausencia de daños para la salud y el ambiente. También exige una participación reforzada de las comunidades que puedan resultar afectadas.

La aspersión tampoco puede ser el primer recurso para erradicar los cultivos de uso ilícito. La jurisprudencia constitucional ha establecido que primero se debe priorizar la sustitución voluntaria, y si esta no funciona, puede recurrir a la erradicación forzada y, solo si esta tampoco funciona, acudir a la aspersión con herbicidas.

Mientras tanto, la aspersión terrestre mediante drones ha avanzado por otra vía. Desde 2025 se retomó administrativamente esta modalidad, que utiliza equipos que operan a baja altura y que fueron considerados jurídicamente análogos a la aspersión terrestre. Sin embargo, hay unas obligaciones técnicas y constitucionales que se deben cumplir previa a cada intervención.

El problema es que todavía persisten preguntas. Dejusticia consultó a diferentes entidades sobre los estudios específicos mediantes los cuales evalúan los impactos del glifosato en las comunidades campesinas que viven en las zonas de intervención, pero no recibió respuesta. Tampoco hubo claridad sobre el cumplimiento de algunas obligaciones de gestión social ni sobre los costos del programa.

Por eso, el debate debería concentrarse en si el Estado está cumpliendo las reglas que existen para proteger a las comunidades y al ambiente. Y si ahora se pretende utilizar una sustancia distinta al glifosato, la discusión debe empezar de nuevo y debe elaborarse el respectivo plan de manejo ambiental de la nueva sustancia. Este proceso debe estar mediado por la evidencia científica, estudios de riesgos ambientales y sanitarios, participación comunitaria y consulta previa. Cambiar el químico no cambia las obligaciones del Estado.

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