Atado al mástil: el gobierno todavía no puede fumigar

En la Odisea, Ulises anhela escuchar el canto de las sirenas sin que ese deseo lo hunda. Por eso ordena a su tripulación que lo amarren al mástil del barco: que nadie lo suelte, así les ruegue. Ahora Colombia se encuentra en una situación similar a la de Ulises, pero respecto a la posibilidad de fumigar con glifosato.

No basta con la reciente derogación de la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que 11 años atrás suspendió por primera vez las fumigaciones aéreas con glifosato. Se debe cumplir con una serie de condiciones impuestas por la Corte Constitucional para poder reanudar las aspersiones aéreas. Puede que se haya tumbado el candado más viejo, pero el país sigue atado al mástil para no fumigar cultivos de uso ilícito con glifosato.

Estas ataduras las forjó la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017, al revisar una acción de tutela de la comunidad chocoana de Nóvita. Para reanudar la aspersión aérea con glifosato, el Estado debe entonces diseñar un proceso decisorio que al tiempo cumpla con siete condiciones: entre otras, que la regulación provenga de un órgano distinto de quien ejecuta la erradicación, que el riesgo sanitario y ambiental se evalúe de forma continua e independiente, que exista revisión automática ante nuevas alertas, y que la decisión de fumigar esté respaldada en evidencia objetiva y concluyente sobre la ausencia de daño.

La séptima condición exige garantías reforzadas de participación para las comunidades afectadas. En asuntos de glifosato la participación no es un capricho; en 2021, la Corte le tumbó el intento a Duque de aprobar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del programa, precisamente porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había vulnerado este derecho.

Para superar estos obstáculos, parece que Abelardo de la Espriella cree que la solución es cambiar el glifosato por otra sustancia, como el glufosinato de amonio. Se equivoca el gobierno. Usar cualquier otro producto exige tramitar desde cero un nuevo instrumento de manejo ambiental ante la Anla, con lo que ello implica: estudios de impacto ambiental, estudios de impacto en salud, consulta previa y derecho a la participación con las comunidades potencialmente afectadas.

Acá no hay atajos ni trampas posibles si uno respeta la Constitución y la jurisprudencia. Estas mismas condiciones las reconoce expresamente la parte resolutiva de la Resolución 06 del 18 de agosto de 2026. Documento que no se conoce completo.

Pero no todo es tranquilidad y menos con este gobierno. Es preocupante el anuncio, según La FM, de que la policía podrá solicitarle a la Dirección de Consulta Previa una certificación polígono por polígono para determinar qué territorios asperja, según sea necesario, o no adelantar el trámite de consulta previa. Certificaciones que usualmente no reflejan la realidad. A esto se suma la sorprendente velocidad con la que se pudo aprobar esta decisión en el CNE. El CNE no es una simple dependencia, allí participan varios ministerios, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras entidades. Que hayan logrado derogar una suspensión vigente desde 2015 en menos de 20 días después de posesionarse muestra afán, así no importe la solidez técnica.

Con o sin afán, el gobierno sigue atado al mástil y no puede fumigar aún. La derogatoria de la resolución del CNE que suspendió las aspersiones aéreas con glifosato es apenas un pequeño paso de un largo camino por recorrer. Ahora bien, cabe preguntarle al gobierno si la “patria milagro” prometió que Colombia volvería a fumigar, pero con un bioherbicida, ¿por qué un piloto con un herbicida químico convencional como el glufosinato de amonio? ¿Qué hace el CNE derogando la norma que frenaba el glifosato, en lugar de abrir el trámite de PMA que exige cualquier sustancia nueva? ¿Será más fácil desatar un nudo viejo al mástil que amarrar uno nuevo?