Terremoto y estado de emergencia: la declaratoria del gobierno es constitucional

El 10 de agosto de 2026, Colombia sufrió una de las peores tragedias de su historia reciente. Un terremoto, con epicentro en Chocó, provocó la muerte de cientos de personas, y dejó heridas a miles y viviendas, colegios y hospitales destruidos. Muchos sueños y proyectos de vida se truncaron ese día. Las afectaciones se reportaron en 15 departamentos y 471 municipios, por lo que el Gobierno declaró primero la situación de desastre nacional y, ocho días después, expidió el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Un estado de emergencia permite al Gobierno adoptar, durante un tiempo limitado, medidas extraordinarias que no podría tomar normalmente, para atender rápida y efectivamente una situación excepcional. Por eso, la Constitución establece requisitos estrictos para usar estas facultades y la Corte Constitucional debe revisar si se cumplen.

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En Dejusticia presentamos ante la alta corte una intervención que analiza la constitucionalidad del Decreto 1261. Nuestra conclusión es que, por la magnitud de lo ocurrido tras el terremoto, existen razones para declarar constitucional la emergencia. Sin embargo, encontramos dudas sobre el requisito de necesidad, es decir, sobre si realmente era indispensable acudir a facultades extraordinarias y hasta dónde deben llegar.

¿Por qué la declaratoria del gobierno es constitucional?

La declaratoria cumple, en términos generales, con los requisitos formales y materiales que exige la Constitución para acudir al estado de emergencia. El terremoto fue un hecho sobreviniente, es decir, un acontecimiento que no podía ser atendido como parte de las circunstancias ordinarias del país. Además, su gravedad y magnitud están acreditadas por las afectaciones que produjo. Se trata, entonces, de una situación excepcional que desbordó y requería una respuesta inmediata, medidas extraordinarias en cabeza del ejecutivo.

El decreto reconoce, además, límites expresos a las facultades presidenciales: no puede restringir la acción de tutela, suspender de manera general la acción penal, afectar la independencia judicial ni modificar destinaciones de recursos de rango constitucional. Por estas razones, consideramos que la Corte Constitucional debe declarar constitucional el Decreto 1261 de 2026. 

El límite entre lo ordinario y extraordinario

Aunque está claro que el terremoto fue un hecho real, grave y sobreviniente (que son algunos de los requisitos para que se pueda expedir un decreto de emergencia económica), que haya ocurrido una emergencia no significa automáticamente que todas las medidas que adopte el Gobierno bajo este régimen sean necesarias. Justamente la “necesidad” es otro de los elementos que se examinan en un decreto de esta naturaleza.

Colombia ya cuenta con un régimen ordinario para atender desastres, establecido en la Ley 1523 de 2012, que permite, entre otras cosas, hacer contrataciones urgentes, adquirir u ocupar predios y adoptar medidas para responder a la emergencia. Lo que no permite es modificar normas de rango legal, una facultad que sí pueden tener los decretos legislativos expedidos durante un estado de emergencia.

Por eso, para Dejusticia es importante determinar con claridad qué puede hacerse con las herramientas ordinarias y qué medidas requieren realmente acudir a las facultades extraordinarias. Consideramos que la Corte debe revisar minuciosamente cada uno de los decretos que se expidan para desarrollar el Decreto 1261, y acreditar por qué es necesario adoptar dichas medidas.

Por ejemplo, el gobierno dice que los recursos presupuestales disponibles son insuficientes para atender las afectaciones. La Corte debería, entonces, pedirle al Ejecutivo indicar con precisión qué recursos fueron activados para enfrentar la crisis, como la subcuenta “Sismo 2026” del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y por qué resultaron insuficientes. 

El costo real de atender la emergencia

El Gobierno calculó que las pérdidas de la emergencia podrían alcanzar los $30 billones, con base en una estimación de la firma Ingeniar Risk Intelligence. Sin embargo, esa estimación se construyó a partir de información de cinco departamentos, aunque la emergencia abarca un territorio mucho más amplio. Además, la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) reconoció que todavía no contaba con información suficiente para cuantificar el impacto total del desastre.

Por eso, consideramos necesario que, antes de adoptar nuevas medidas, se tenga mayor claridad sobre los recursos disponibles, cuáles ya fueron utilizados y qué necesidades no pueden ser atendidas con las herramientas existentes.

¿Todos los territorios incluidos fueron afectados?

Llamamos la atención sobre el alcance territorial de la emergencia. El decreto no establece una lista cerrada de municipios, sino que incluye los que aparecían como afectados en un reporte de la UNGRD y aquellos en los que posteriormente pueda demostrarse una afectación concreta.

El problema es que la información fue cambiando. Por ejemplo, Putumayo fue incluido inicialmente, pero después se reconoció que no había afectaciones derivadas del sismo y se excluyó. Al mismo tiempo, Caquetá y Santander fueron incorporados tiempo después, porque sus reportes de daños “no llegaron sino hasta el 24 de agosto”. Bolívar, Nariño y Sucre se presentaron también como departamentos “especialmente afectados”, pero hasta hoy no se sabe, municipio por municipio, cuáles fueron las afectaciones concretas en esos tres departamentos.

En consecuencia, pedimos que la Corte revise con especial cuidado la afectación real de cada departamento y municipio antes de permitir que las medidas de emergencia se apliquen en ellos.

También hay que ponerle límites al Gobierno

Finalmente, llamamos la atención sobre el artículo 3 del decreto, que permite al Gobierno adoptar, de forma indeterminada, “otras medidas” que considere necesarias para enfrentar la crisis. Esta disposición llama la atención porque da la sensación de dejar abierta la puerta a que el Gobierno acoja, en desarrollo del estado de emergencia, medidas que hoy ni siquiera han sido anunciadas ni sometidas a discusión pública, sin más límite aparente que su propia valoración de lo que resulte «necesario» para conjurar la crisis.

Para Dejusticia, esta facultad no puede convertirse en una autorización abierta para legislar sobre cualquier asunto en los estados de excepción. Además, las facultades extraordinarias sólo pueden ejercerse durante la vigencia del estado de emergencia, es decir, dentro de los 30 días iniciales o de sus eventuales prórrogas, y sujeto en todo caso al tope máximo de 90 días. El artículo 3 no puede interpretarse, entonces, como una habilitación que se proyecta indefinidamente en el tiempo.

La emergencia requiere respuestas para proteger a las personas y los territorios afectados. Pero precisamente porque se trata de facultades excepcionales, también necesitan controles. En conclusión, le insistimos a la Corte Constitucional que, al revisar los decretos que se expidan en adelante, examine con lupa qué medidas son realmente necesarias, dónde deben aplicarse y hasta dónde puede llegar el Gobierno con estas facultades extraordinarias.

Descarga aquí la intervención de Dejusticia