La búsqueda de desaparecidos en Colombia se queda sin presupuesto

Pocas acciones del Estado tienen tanto impacto en las familias que vivieron la violencia del conflicto armado como saber el paradero de sus seres queridos. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) surge para acabar con la tortura que implica para los familiares vivir en la incertidumbre. Es el compromiso del Estado con miles de familias que no han tenido un día de sosiego desde que su ser querido desapareció o fue desaparecido. Su trabajo no se sostiene únicamente con la voluntad de buscar: requiere recursos y capacidades. Tristemente, si todo sigue como va —es decir, lento y con recortes presupuestales—, este será un año más en el que la Unidad tendrá menos recursos para cumplir con sus funciones.

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El proyecto de presupuesto de 2027 del gobierno de Abelardo de la Espriella le asigna un poco más de 191 mil millones de pesos, 5 mil millones menos que en el gobierno anterior. Ese presupuesto, que desde 2023 se ha reducido año a año, contrasta con lo que sucede en otras entidades de justicia transicional que tienen presupuestos mucho más grandes: el de la Unidad de Víctimas es superior a los 4,8 billones y el de la JEP supera los 800 mil millones. Si bien son mandatos distintos, las diferencias son abismales y no se justifican necesariamente en esa diferencia, pues buscar a los desaparecidos es una tarea enormemente difícil por las variadas circunstancias de desaparición, por los lugares donde pueden estar los cuerpos –en suelos, en cuerpos de agua, en zonas de difícil acceso– y porque hay desaparecidos en todos los departamentos del territorio nacional.

Para entender por qué la búsqueda no es una tarea fácil ni barata, hay que mirar el universo de desaparecidos y lo que implica el proceso. La Unidad estima que el universo asciende a 137 mil personas, de tal manera que con el presupuesto proyectado únicamente podría asignar a la búsqueda de cada una de ellas 1.395.697 pesos anuales, una cifra irrisoria para lo que implica esa tarea.

Por su parte, la búsqueda consta de varias fases: la recolección y análisis de información para establecer las dinámicas de la desaparición, que son múltiples y varían por zonas, episodios de violencia y actores; la localización de la persona viva o del sitio de interés forense; el reencuentro o la prospección del lugar donde puede estar el cuerpo y la recuperación de este; la identificación de los cuerpos encontrados, que requiere altas capacidades científicas, y la entrega digna a los familiares.

Las etapas de búsqueda requieren tecnologías que se adquieren progresivamente, instancias de participación para las familias y un despliegue territorial en todos los departamentos: la búsqueda no se hace desde una oficina en Bogotá. Todo este trabajo lo realizan 573 servidores públicos de planta y 445 contratistas, muchos menos de los 857 de planta y casi 3 mil contratistas de la Unidad de Víctimas y de los 1.300 funcionarios de planta y 1108 contratistas de la JEP.

De acuerdo con su reporte de 2025, la Ubpd ha registrado a más 45 mil familiares buscadores, ha procesado e incluido en el Banco de Perfiles Genéticos más de 20 mil muestras —cruciales para el proceso de identificación—; ha robustecido significativamente el registro de sitios de interés forense; ha recuperado más de 4 mil cuerpos; ha hecho la entrega digna de 645 y ha encontrado con vida a 470 personas. En contraste, el Equipo Argentino de Antropología Forense a lo largo de más de 40 años ha localizado a 1.660 personas y de esas ha identificado a 877 de un universo estimado entre 10 mil y 30 mil desaparecidos en el marco de la última dictadura.

A partir de las mismas cifras y asumiendo un ritmo constante —que puede no ser realista por la reducción de los recursos— finalizar las búsquedas (con entrega o reencuentro) puede tomar aproximadamente 843 años. Esto es dramático y muestra que se necesitan recursos y capacidades para robustecer la etapa de investigación y avanzar con la identificación de los cuerpos recuperados, lo que permitiría incrementar el ritmo de entregas. También para acompañar mejor a todos los familiares que han presentado solicitudes de búsqueda, y para tantas otras tareas que hacen parte del complejo proceso de búsqueda.

En este caso, más recursos sí se traducen en más capacidades, por ejemplo, para adquirir tecnología, para robustecer a los equipos territoriales y su despliegue, para vincular a más familiares buscadores a la Red de Apoyo Operativo. Así que insistir en reducir el presupuesto de la Ubpd no es un simple ataque al Acuerdo de Paz; significa renunciar a la oportunidad de traducir recursos en acciones concretas que hoy representan un alto grado de satisfacción para quienes aún no conocen el paradero de sus seres queridos secuestrados, reclutados o desaparecidos forzosamente.