¿Campesinos o empresarios? No es semántica, es presupuesto

El 8 de septiembre de 2026 el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, intervino en la sesión conjunta de las Comisiones Económicas del Congreso de la República. Algunos medios hicieron eco de sus declaraciones por provocadoras y escandalosas. Los reflectores se centraron en una frase: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo… campesino es despectivo”. Sin embargo, otros de sus anuncios han tenido menos cubrimiento.

No dudo que la discusión semántica sobre el término campesino sea importante, lo es y mucho, pero creo que para entender la gravedad de estas declaraciones es necesario verlas en conjunto con otros anuncios del ministro, así podremos entender que lo que mueve al señor Dangond no es una preocupación lingüística, sino los negocios.

Esto último no debe malinterpretarse. Los agronegocios no solamente son legítimos, son imprescindibles en un modelo de desarrollo rural constitucionalmente admisible. Ningún gobierno podría decir, sin violar la constitución, que su modelo de desarrollo rural excluye a los agroindustriales: eso sería un despropósito. Principalmente porque la Constitución Política de 1991 establece un conjunto de principios y valores que enmarcan las políticas de desarrollo rural que los gobiernos pueden implementar dentro de los límites de nuestro pacto constitucional.

A ese conjunto de principios lo podríamos llamarla “Constitución Agraria”, pues demarca el límite de las políticas públicas admisibles dentro de un modelo de desarrollo rural sostenible. Este conjunto de principios y valores incluye, al menos, tres subconjuntos: los que protegen la iniciativa privada en el campo; los que protegen los ecosistemas esenciales para la vida en el campo —y en la ciudad—; y los que promueven la igualdad material de los sujetos subalternizados de la ruralidad, como los campesinos, los pueblos étnicos y las mujeres rurales.

Los anuncios del ministro son preocupantes porque exceden ese mandato constitucional anunciando una captura de lo público en favor del agronegocio y desequilibran la tríada virtuosa del desarrollo rural sostenible invisibilizando al campesinado, no solo en el plano discursivo, sino, principalmente, en el plano fiscal.

El legado económico que dejó el gobierno Petro es complejo. Muchos de sus logros sociales se financiaron a costa del déficit fiscal y el sector agricultura no fue la excepción. Por lo tanto, un ajuste en la cantidad y la calidad del gasto es ineludible.

El exministro Germán Ávila lo sabía y por eso propuso una reducción del 31,9% para el sector, cifra casi idéntica al 32,3% que defendió Dangond en el Congreso. El ajuste es necesario y exige una priorización entre los distintos actores del desarrollo rural. Por eso la eliminación del término “campesino” no es solo un asunto del lenguaje.

Dentro de su estrategia de recorte, Dangond también anunció que no van a comprar tierras para la redistribución y que va a concentrar el apoyo a los “pequeños productores” a través de estrategias financieras.

Una muestra de “15 o 20” predios —de un universo de más de mil— le bastó al ministro para paralizar la compra de nuevas tierras y congelar 1,4 billones adeudados a quienes las vendieron para que fueran redistribuidas: “No voy a permitir que a la directora de la Agencia Nacional de Tierras me la metan presa”. Aunque se pueden discutir los detalles técnicos de su muestra, no tiene sentido que con ese pretexto se descarte a futuro la compra de nuevas tierras y que además se congele el pago en centenares de procesos que no están cuestionados.

Los que sí han sido cuestionados y sí están condenados penalmente son exfuncionarios y beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, cuyas principales líneas de implementación fueron el Incentivo de Capitalización Rural y las Convocatorias de Riego y Drenaje; mecanismos que Dangond exaltó en su discurso: “Aquí no hay manera de hacer ninguna trampa ni que se pierdan los recursos”. Lo paradójico es que veinte predios bastaron para frenar toda la compra de tierras en todo el país, mientras las denuncias de irregularidades en el ICR para favorecer a familiares de dirigentes gremiales no le han merecido una sola declaración.

Los tres instrumentos son válidos: comprar tierra, incentivar la capitalización y construir riego. Proscribir uno por casos puntuales de corrupción es buscar la fiebre en las cobijas. Pero la priorización de Dangond no es accidental, el único que se congeló es el único que redistribuye. Los otros dos llegan a quien ya tiene un negocio que capitalizar o tierra que regar. Prohibir la palabra campesino definitivamente no es solo un asunto de vocabulario.

En síntesis, el afán del ministro por rebautizar a los campesinos como pequeños empresarios no es un simple juego de palabras. Es la manera en la que se manifiesta un desequilibrio en su idea de desarrollo rural, donde los sectores más empobrecidos, los campesinos sin tierra, desaparecen de su lenguaje; y los sectores medios o privilegiados acaparan recursos públicos en un contexto de fuertes restricciones fiscales.

Pero borrar al campesinado del lenguaje y del presupuesto no será tan fácil. El artículo 64 de la Constitución no solo lo reconoce como sujeto de especial protección: creó el trazador presupuestal campesino, un mecanismo que el gobierno no puede eliminar por decreto. Como mostramos en una investigación reciente, ese instrumento no solo permite seguir las variaciones del gasto en derechos campesinos, también puede sostener al campesinado como actor de la gobernanza fiscal durante los próximos cuatro años.