Dejemos de satanizar el impuesto al patrimonio

Abelardo De la Espriella inicia su gobierno con una idea que no es nueva en el debate tributario: para que Colombia crezca hay que dejar de “castigar” a quienes invierten y generan riqueza. Bajo esta lógica, reducir o eliminar impuestos como el impuesto al patrimonio dejaría más recursos disponibles para invertir, crear empresas y generar empleo.

Suena bien. El problema es que detrás de esta afirmación hay dos supuestos difíciles de sostener frente a la evidencia, que la riqueza necesariamente genera más riqueza y que cobrar menos impuestos a quienes más tienen termina, casi automáticamente, beneficiando al resto de la sociedad.

El impuesto al patrimonio no castiga el ahorro ni a quien, después de años de trabajo, logra comprar una vivienda. Es un tributo dirigido a quienes concentran patrimonios elevados y responde a un principio sencillo: quien tiene mayor capacidad económica puede contribuir más. Su recaudo en los últimos 3 años ha sido, en promedio, de cerca de $1,3 billones anuales, recursos que pueden ayudar, por ejemplo, a cubrir parte de los intereses de la deuda pública. Pero su importancia no está solo en cuánto recauda, sino en quién contribuye, pues ayuda a que el sistema tributario sea más progresivo, como lo ordena la Constitución.

Y esto es particularmente importante en Colombia. En 2024 la mitad más pobre de los colombianos poseía apenas alrededor de 2 de cada 100 pesos de la riqueza del país, mientras el 1 % más rico concentraba cerca de 40 de cada 100.

No es una diferencia menor. Tener patrimonio significa contar con una vivienda, ahorros, inversiones u otros activos que permiten enfrentar una crisis, acceder al crédito, invertir y transmitir oportunidades a la siguiente generación. Dos personas que hoy reciben ingresos parecidos pueden enfrentar futuros completamente distintos si una cuenta con patrimonio y la otra no.

Por eso defiendo que la riqueza haga parte de nuestra discusión tributaria. La capacidad de contribuir al Estado no depende solo de cuánto gana una persona, sino también de cuánto tiene.

Dos argumentos suelen utilizarse para justificar una menor tributación de quienes más tienen: que el dinero que dejan de pagar al Estado se convertirá en inversión, empresas y empleo, y que cobrarles más provocará una fuga masiva de capitales. La evidencia internacional obliga, al menos, a cuestionar ambas afirmaciones.

David Hope y Julian Limberg analizaron grandes reducciones de impuestos a las personas de mayores ingresos en 18 países de la OCDE entre 1965 y 2015. Encontraron que el 1% de los ricos se volvieron más ricos pero la economía no creció ni el desempleo disminuyó.

Estudios recientes de Arun Advani, Katrine Jakobsen y otros académicos también cuestionan el temor a una fuga masiva de capitales en paises como los Nórdicos y el Reino Unido. Algunos contribuyentes ricos efectivamente migran cuando aumenta su tributación, pero son pocos y los efectos sobre el empleo, la inversión y la actividad económica son limitados. Además, la pérdida de recaudo asociada a esa migración es muy inferior a los ingresos que genera el impuesto. Cobrar más a quienes más tienen puede cambiar algunos comportamientos, pero la evidencia está lejos de respaldar la idea de un éxodo de los ricos capaz de perjudicar significativamente a toda la economía.

Esto no significa defender cualquier impuesto ni cualquier tarifa. Un mal diseño puede incentivar la evasión, la elusión o generar distorsiones. Pero tampoco podemos construir la política tributaria sobre temores que la evidencia no confirma. El impuesto al patrimonio recauda, pero su importancia va más allá de cuánto dinero entra a las arcas públicas: hace que quienes concentran mayor riqueza contribuyan más y le da al sistema tributario una herramienta para enfrentar una desigualdad que termina reflejándose en muchas otras dimensiones de la vida social.

Pagar impuestos no es un castigo

También deberíamos tener cuidado con el lenguaje. Presentar los impuestos como un “castigo” a quienes generan riqueza instala una idea equivocada, que existe un sector privado que produce riqueza y un Estado que simplemente se la quita.

La riqueza tampoco se produce en el vacío. Las empresas necesitan carreteras, trabajadores educados, seguridad, justicia y un Estado que proteja los derechos de propiedad. Todo eso se financia colectivamente en Colombia, por ejemplo, el recaudo anual del impuesto al patrimonio, es equivalente al rubro de funcionamiento de la Comisión de regulación de infraestructura y transporte.

Por eso, defender el impuesto al patrimonio no es estar en contra de los empresarios, la inversión o el crecimiento. Es defender un principio sencillo: en una sociedad desigual, quienes tienen mayor capacidad económica deben contribuir más.

Y eliminarlo tampoco sale gratis. Lo que unos dejan de aportar tendrá que compensarse con otros impuestos, más deuda, menos gasto o nuevas fuentes de ingresos. Por eso, detrás de cualquier reducción tributaria se debe analizar quién deja de pagar y quién termina asumiendo el costo.

No vayamos en contravía

El impuesto al patrimonio puede y debe mejorarse. Hay que cerrar espacios de evasión y elusión, revisar su diseño y fortalecer la cooperación internacional para evitar que las grandes fortunas puedan simplemente trasladarse o esconderse para reducir su tributación.

Y justamente el mundo está avanzando en esa dirección. América Latina y el Caribe discuten desde 2023, en el marco de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC), cómo construir sistemas tributarios más progresivos y fortalecer la cooperación regional. Al mismo tiempo, Naciones Unidas avanza actualmente en la negociación de una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional para generar medidas tributarias contra la evasión y la elusión.

Por supuesto, un impuesto al patrimonio mal diseñado puede generar distorsiones. Son preocupaciones legítimas, pero, como muestra la evidencia, sus efectos son mucho más acotados de lo que suele sugerirse y no son una razón suficiente para renunciar al impuesto. La discusión debería ser cómo diseñarlo mejor, hacerlo más efectivo y coordinar esfuerzos entre países.

Esto es todavía más importante en un momento de estrechez fiscal, cuando Colombia necesita recursos para responder a las necesidades de su población, como la que vivimos hoy a causa del terremoto. Eliminar el impuesto al patrimonio significaría recaudar menos con enormes necesidades de financiamiento, el camino no debería ser cobrar menos a quienes más tienen, sino asegurarnos de que su contribución sea justa y efectiva.