La amazonización de la emergencia climática

*Este columna fue escrita con coautoría de Luisa Fernanda Bacca, codirectora del Instituto Panamazónico (IPA) y miembro de la Red Amazónica de Redes.

La Amazonía se encuentra en una encrucijada decisiva. No se trata de alarmismo, sino de una constatación de los hechos. El bosque tropical con mayor biodiversidad del mundo ya ha perdido el 16 % de su cobertura; más del 23 % de su conectividad ecológica está fragmentada; y al menos el 26 % muestra signos de degradación. Estas cifras no son meras estadísticas medioambientales, sino señales de advertencia de que la capacidad de la Amazonía para regular los ciclos del agua, mantener los flujos genéticos, sustentar millones de vidas y estabilizar el clima global está amenazada.

Sin embargo, la Amazonía no es solo un bioma vulnerable. Es un territorio vivo sostenido por los pueblos indígenas y las comunidades locales que regeneran el bosque a través de sus formas de vida. Durante décadas, han defendido lo que los Estados han descuidado. Afrontar la crisis climática ahora requiere algo más que ciencia: exige un cambio político y cultural que reconozca la sabiduría ecológica indígena como vital para la supervivencia del planeta. Este mes de noviembre, la COP30 en Belém (Brasil) ofrece un momento histórico: la Amazonía acoge la principal cumbre mundial sobre el clima. Su resultado depende de que la humanidad actúe con la urgencia que exige este bosque vivo.

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Con ese fin, 12 redes regionales, que representan a más de 450 organizaciones de la sociedad civil y 300 científicos, se han unido para formar la Red Amazónica de Redes, unidas por la convicción de que solo la acción colectiva puede hacer frente a la crisis. Guiados por una visión de la Amazonía como un único sistema biocultural más allá de las fronteras, creamos el Pacto Climático Panamazónico, basado en la resistencia local, la investigación y las visiones espirituales para proteger la vida. El Pacto esboza cinco pilares para la acción estructural de cara a la COP30. El futuro de la Amazonía depende de mantener conectadas sus tierras, sus aguas y sus pueblos; cuando estos vínculos se rompen, el bosque ya no puede regular el clima, mantener la biodiversidad ni sustentar la vida.

Entre 1985 y 2022, esta conectividad se ha visto gravemente alterada. La fragmentación en toda la Amazonía se duplicó en este período, afectando a 193 millones de hectáreas de tierra, y otro 13 % de la región ya se encuentra en etapas avanzadas de degradación. Las carreteras, las presas y la deforestación se encuentran entre los principales culpables. Nuestro primer llamamiento a la COP30 es que los países adopten la conectividad como estrategia regional compartida, un principio rector de las políticas medioambientales y de desarrollo que contribuirá a evitar una mayor fragmentación de este bioma único.

Proteger la conectividad también significa proteger a las personas que la defienden. La Amazonía se enfrenta a graves amenazas transfronterizas: minería ilegal, tráfico de drogas, contrabando de madera y fauna silvestre, incendios y acaparamiento de tierras. Los pueblos indígenas y las comunidades locales están en primera línea de defensa contra estas fuerzas destructivas, a menudo con gran riesgo personal. En 2023, 196 defensores del medio ambiente fueron asesinados, más de la mitad de ellos en países amazónicos. Estos defensores son esenciales para la resiliencia del bosque. Nuestra segunda petición a la COP30 es que se reconozca su papel vital, se garantice su participación, se protejan sus territorios y se establezcan mecanismos concretos de seguridad y prevención para garantizar su seguridad.

Más allá de la defensa, la Amazonía también necesita espacio para prosperar. En toda la región, los pueblos indígenas y las comunidades locales han desarrollado modelos de producción sostenibles que protegen los ecosistemas y garantizan la seguridad alimentaria y los medios de vida. Estas iniciativas ofrecen una visión del desarrollo basada en la coexistencia y no en la extracción. Nuestra tercera petición a la COP30 es que los Estados refuercen las estrategias que favorecen las socioeconomías de la Amazonía, mediante políticas públicas, inversiones, infraestructuras sostenibles y el reconocimiento legal de los derechos de las comunidades a decidir su propio futuro. El apoyo a estos modelos les permitirá crecer y constituir la columna vertebral de una economía amazónica sostenible.

Dado que la Amazonía se extiende por varios países, las medidas deben coordinarse a nivel regional. Los bosques y los ríos no siguen las fronteras nacionales, y tampoco lo hacen las amenazas que los ponen en peligro. Las Declaraciones de Belém (2023) y Bogotá (2025) ya destacan la urgencia de actuar juntos. Nuestro cuarto llamamiento a la COP30 es que los países amazónicos trabajen como un bloque unificado, estableciendo objetivos climáticos comunes en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y creando un mecanismo regional para proteger la conectividad ecológica y cultural del bioma mediante esfuerzos coordinados de mitigación y adaptación.

Por último, la protección de la Amazonía requiere recursos adecuados y sistemas financieros justos para proporcionarlos. En la COP29, los países acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares al año para 2035 con el fin de hacer frente a la crisis climática. Una parte justa de estos fondos debe llegar a la Amazonía. Nuestra quinta petición a la COP30 es que se garantice una posición financiera que dé prioridad a la Amazonía, con normas claras de acceso, transparencia, justicia climática y salvaguardias sociales y medioambientales. Es fundamental que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan acceso directo a estos fondos para liderar las soluciones sobre el terreno.

Nada de esto será posible sin voluntad política. Estamos viviendo una profunda ruptura en nuestra relación con el planeta y otras formas de vida. Superarla requiere transformar la forma en que habitamos y gobernamos la Amazonía. El conocimiento para hacerlo ya existe, tanto en la ciencia como en los sistemas de conocimiento de los pueblos que han protegido este territorio durante generaciones. Escucharles y actuar colectivamente es nuestra responsabilidad. El punto de no retorno ecológico es también una frontera política: cruzarlo por inacción significaría renunciar, como región y como humanidad, a un futuro compartido.