La información pública no se restringe a medios amigos

Durante la última semana causó revuelo la noticia(opens in new tab) divulgada por Caracol Radio, señalando la existencia de presuntas actas que develaban que el presidente De la Espriella habría ordenado a sus ministros no conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios de comunicación que no fueran ‘amigos’, salvo para temas estratégicos o con previa autorización. Aunque esa orden no quedó consignada en la Directiva Presidencial No. 01 de 2026(opens in new tab), sí quedó en vigor la exigencia de consulta o coordinación previa con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia para toda entrevista. Si esa condición se usa para conceder entrevistas a los medios afines y negarlas a los críticos, se pondría en riesgo tanto el derecho al acceso a información de los ciudadanos como la libertad de prensa, que son elementos esenciales para la democracia.

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Famosos y celebridades escogen casi a diario a qué periodistas o medios conceder entrevistas exclusivas para hablar de su vida, opinar sobre temas polémicos o para desmentir rumores sobre ellos. Incluso varios candidatos presidenciales, en las anteriores elecciones, decidieron dar entrevistas exclusivas a algunos influencers –en lugar de asistir a debates, lo cual ya encendía las alarmas–.

¿Qué tendría de diferente que un presidente de la República o un alto mandatario del Estado decida informar exclusivamente a los medios que considera ‘amigos’? La diferencia es sustancial por tres razones.

Primero, porque, como lo he expresado en columnas anteriores(opens in new tab), los funcionarios del Estado y, en especial, el presidente de la República tienen unas características diferenciadas en cuanto a la libertad de expresión. Por un lado, deben tolerar un mayor nivel de escrutinio o crítica. Por el otro, tienen un poder–deber(opens in new tab) constitucional de comunicarse e informar, que los obliga a pronunciarse sobre asuntos públicos, no solo como un ejercicio de sus libertades, sino para el cumplimiento de sus deberes frente a los ciudadanos que necesitan de discusión y participación en los temas que los afectan. Ese deber no se ejerce respecto de una sola parte de la población, sino respecto de todos, por lo que la ‘amistad’ poco peso tiene en la decisión de a quiénes ofrecer comunicaciones oficiales.

Segundo, pues los ciudadanos, como receptores de la información producida por el Estado y divulgada a través de distintos medios, tenemos el derecho de recibir información que sea plural. Es decir, que incorpore distintas perspectivas, visiones y formas de presentar el mismo problema. Por supuesto, este –como los demás– no es un derecho absoluto. Sin embargo, impedir que medios de comunicación que tengan posiciones críticas sobre el gobierno accedan a información que les permita comunicar a la ciudadanía superaría los límites. Pondría a algunos medios en una situación de desventaja y obligaría a los ciudadanos a recibir información exclusivamente de periodistas afines al gobierno, lo que impediría formar opiniones objetivas e informadas.

Tercero, puesto que los medios de comunicación deben ser tratados en igualdad, con independencia de su línea editorial. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Granier y Otros (RCTV) vs. Venezuela(opens in new tab), si bien los Estados tienen ciertas libertades, estos no pueden restringir los derechos de periodistas y medios de comunicación con base en discrepancias políticas o en sus líneas editoriales. Acá ocurre lo mismo: no podría el gobierno dar un trato diferenciado a los medios de comunicación en lo que respecta al acceso a la información si esta distinción se basa en criterios como agrado o cercanía, pues esto genera afectaciones intolerables al derecho a la libertad de prensa.

Preocupaba también la posibilidad de que, durante eventos con presencia de medios, los ministros solo pudieran dar una declaración, sin espacio para preguntas, pues se trataría de una comunicación unidireccional. Esto limitaría la información a la intención de quien la entrega, afectando el derecho al acceso a información tanto en su dimensión individual como colectiva. Alivia que no haya quedado consignado en la Directiva.

Es un acierto haber renunciado a la idea de brindar información solo a medios ‘amigos’ y haberla excluido de la Directiva, pues se debe priorizar la garantía de los derechos a la libertad de prensa y de información, que tanto contribuyen en nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, ese compromiso debe perdurar también en la implementación práctica de la Directiva. Este y todos los gobiernos se enriquecerán del disenso, la crítica y las opiniones diversas, pues solo escuchando a quien piensa diferente podemos cuestionarnos sobre nuestros propios sesgos, ver errores que teníamos invisibilizados y construir un Estado más sólido, pluralista y democrático. Las amistades son para la vida privada, pero en lo público priman la igualdad, el pluralismo y la tolerancia al que piensa distinto.