La sentencia que ordena descontaminar el río Bogotá es una “carta de navegación” para la política ambiental del país, como lo dijo el magistrado del Consejo de Estado que escribió el fallo.

Colombia está lejos de ser un país protector de derechos políticos. Pero ahora no sólo no los protege, sino que los menosprecia abiertamente.

Algunos de quienes criticaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiera otorgado medidas cautelares a favor de Petro han sugerido que eso ocurrió porque la CIDH tiene sesgos izquierdistas.

Tiene razón Gustavo Petro al denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las decisiones ilegales de la Procuraduría y el Gobierno que terminaron con su mandato en la Alcaldía. Pero se equivoca al patear el tablero del juego que injustamente perdió y unirse al llamado a una asamblea constituyente.

Ninguno de los argumentos dados por el Gobierno o sus abogados para incumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro es convincente.

Hay fuertes razones jurídicas por las cuales Santos debió haber acatado las medidas cautelares de la CIDH.