¿Deben los vecinos de una estación de policía que sufren afectaciones a su propiedad o integridad personal por ataques guerrilleros dirigidos contra esa estación aguantarse y asumir solitariamente esos daños? ¿O debe el Estado indemnizarlos para que puedan rehacer sus vidas?

Hace pocos días entró en vigencia el nuevo código penitenciario con la pretensión de reducir los problemas estructurales del sistema carcelario y penitenciario del país.

Una defensa errada de la tutela está ambientando la reforma que siempre han buscado los críticos de esta herramienta vital para proteger los derechos ciudadanos.

Pese a que la Cancillería ecuatoriana reportó de manera optimista la semana pasada que los países del continente “avanzan para una decisión de consenso sobre el cambio de sede de la CIDH,” otra parece ser la realidad frente a lo que opinan sus pares sobre esta materia.

Es una necedad, fruto de una visión elitista y anticuada, considerar la protesta social una deficiencia. Por el contrario, es el mejor signo de que los sectores excluidos se sienten con voz para participar políticamente y expresar sus desacuerdos.

Las manifestaciones, los bloqueos y las protestas pueden generar incomodidades en algunos sectores. Pero los intentos por suprimirlas pueden terminar asfixiando la democracia.