Los procuradores judiciales (PJ) son cargos redundantes y costosos. Deberían entonces suprimirse, o al menos su número debería ser reducido radicalmente.

Durante la discusión del nuevo Código Penitenciario, los dos problemas del sistema penal que más han sonado son la impunidad y la sobrepoblación en las cárceles. Un estudio reciente que hicimos en Dejusticia muestra que los dos pueden estar relacionados y que existen estrategias para que a largo plazo se superen conjuntamente: los esfuerzos de la política criminal deben dirigirse a investigar y sancionar aquello que es más grave.

Si los cordiales brasileños despertaron, ¿por qué no protestan los inconformes colombianos?

Los militares son hasta el momento los vencedores en una guerra jurídica imaginaria que genera riesgos para la población civil y el post–conflicto. Los intentos por asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia militar resultan insuficientes para conjurar estos riesgos.

Hace unos meses, cuando se inició la discusión de la fallida “reforma a la justicia”, el constitucionalista Rodrigo Uprimny sostenía: “La justicia colombiana es ambigua y paradójica. Ni es excelente ni está colapsada. Tiene cosas que funcionan bien, incluso muy bien, pero otras son terribles”.

No existe democracia ni Estado de derecho sin independencia judicial; pero ésta debe ser democrática y no corporativa.