El derecho a la vida es absoluto según la postura de la Iglesia Católica en el debate sobre el aborto. El profesor López Medina cuestiona si ciertas formas de análisis costo/beneficio no irían también en contra de esa doctrina moral.

Las políticas de gratuidad en el acceso a la educación primaria, como la impulsada recientemente por la actual administración distrital de Bogotá, no han sido un tema pacífico. Algunos sectores respaldan estas políticas pues las consideran un paso muy importante en la democratización del acceso a la educación. Por el contrario, otros las critican calificándolas como populistas, pues desconocerían las restricciones fiscales, lo que conducirá a una educación publica de mala calidad: pero además, según los críticos, dichas políticas son inequitativas pues no existen razones para dejar de cobrarle derechos académicos a quien tiene capacidad de pago. Estas discusiones muestran que la gratuidad en la educación es un tema complejo que puede ser abordado desde diversos puntos de análisis -democrático, normativo, económico, social, entre otros-, en cada uno de las cuales existen posiciones encontradas. Este documento no pretende abordar todos los matices de esta discusión sino que se centra en la dimensión jurídica y normativa del problema de la gratuidad de la educación básica. Mi propósito principal será, entonces, presentar el sustento normativo que justifica la tesis de que el Estado Colombiano tiene la obligación de garantizar una educación primaria gratuita para todos.

Existe un cierto acuerdo doctrinario en que una de las consecuencias importantes del principio de progresividad en materia de derechos sociales es la llamada prohibición de retroceso o principio de no regresividad. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, la prohibición de retroceso plantea interrogantes complejos, pues no es claro cuál es su alcance.

Este artículo busca evaluar la intervención de la Corte Constitucional en las cárceles colombianas, con especial énfasis en el tema del hacinamiento carcelario, a fin de establecer los avances, límites y retos de dicha intervención.

El 18 de mayo de 2006 la Corte Constitucional decidió declarar la ley 975 de 2005, también llamada ley de justicia y paz, ajustada a la Constitución Política, con excepción de algunas de sus disposiciones, que fueron declaradas inconstitucionales o cuya interpretación fue condicionada. Este documento pretende registrar cómo quedará el texto definitivo de la ley después de su revisión por parte de la Corte, y qué implicaciones tendrá su cambio en el proceso transicional que en la actualidad enfrenta el país con motivo de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares. Dado que el fallo fue anunciado cuando este libro estaba ya en prensa para su publicación, este registro parte de información que es aún parcial, pues todavía no se conoce el texto completo de la sentencia y, por consiguiente, nuestras fuentes principales han sido los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional para dar cuenta de la decisión, así como los artículos de prensa y los análisis de corto plazo que algunas organizaciones no gubernamentales han realizado sobre la decisión.

Analizando el papel de los árbitros en los partidos de fútbol, defiende la utilización de la televisión como herramienta para disminuír los errores que cometen y por esta vía evitar que el fútbol se convierta en un juego de azar.