Las regulaciones que persiguen el porte de drogas, como la de Bogotá, contradicen abiertamente a la Corte Constitucional, que en su más reciente decisión reiteró que el porte de drogas para consumo personal es una conducta privada, que no representa una amenaza o afectación a los derechos de terceros.

Mientras el puerto se limita a la operación portuaria y obtiene importantes ganancias, que en vez de distribuir equitativamente en el territorio donde se instala el negocio, son repartidas en el resto del país, mientras que la ciudad se queda con la contaminación producida por la ampliación de canales y dragados.

No hubo autoconvocatoria ciudadana, ni deliberación con la institución representativa local, sino que la gente fue convocada por el presidente para que escucharan su discurso y lo apoyaran.